Son cada vez más los usuarios que utilizan los patinetes eléctricos y las bicis. Para tratar de garantizar la seguridad en ciudad con esta nueva movilidad, la Fiscalía exigirá un mayor control sobre este tipo de vehículos, con más pruebas de alcohol y drogas y la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil.

Tras advertir del aumento de la accidentalidad con patinetes y bicicletas, el fiscal de Sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, informó ayer de la instrucción remitida a las Policías Locales para que vigilen con “mayor rigor” a estos usuarios y les sancionen si incumplen la normativa. Además anunció que se va investigar la venta de los vehículos de movilidad personal (VMP) en los comercios y en internet ya que se ha apreciado que algunos establecimientos venden vehículos no homologados: patinetes que son auténticos ciclomotores.

Apenas un mes después de que instase a los agentes locales a reforzar los radares en ciudad para garantizar el nuevo límite a 30 km/h y anunciase una reforma para castigar el uso de apps que avisan de los dispositivos de vigilancia, Vargas pone ahora en el punto de mira un nuevo foco de la siniestralidad en ciudad: los patinetes y las bicicletas. “No es infrecuente ver que ciclistas se saltan un semáforo en rojo o que el usuario de un patinete circula por la acera y está a punto de atropellar a un peatón”, alertó ayer sobre el incumplimiento de las normas por parte de este tipo de vehículos . El fiscal advirtió de que “no se respetan las señales” y, en en consecuencia, “se genera un sentimiento de inseguridad, perturbación en la convivencia ciudadana y conflictividad que hace que la movilidad sostenible se aleje”.

Pese a los actuales controles, Vargas reclama que se actúe “con rigor”: Una inmovilización o retirada de un patinete que está circulando indebidamente puede evitar una tragedia”. Además, la Fiscalía impulsará reformas legales para que el seguro sea obligatorio para bicis y patinetes —una vieja demanda del RACE y recientemente planteada desde el RACC—. Mientras, se van a estudiar con las aseguradoras y empresas comercializadoras fórmulas para promover coberturas en caso de accidente.

Vargas aludió a la “irresponsabilidad” de los ciclistas y usuarios de VMP que circulan sin seguro y “cargan” en la víctima el coste económico en caso de lesiones. A partir de ahora, cuando se produzca un accidente en el que estén implicados estos vehículos, la Fiscalía ha dado instrucciones para que se investiguen en profundidad las causas y se tenga en cuenta si se tiene seguro a la hora de establecer la responsabilidad. En caso de homicidio imprudente —recordó— la pena va de 1 a 9 años de prisión, en función del número de fallecidos y de la gravedad del hecho, en tanto que en caso de lesiones, es de 3 meses a 6 años y nueve meses.