Donde hace décadas crecía el maíz y los vecinos del pueblo se juntaban para apañar las patatas o hacer la seitura, hoy crece la maleza y muchos de sus actuales propietarios —herederos— ya ni saben dónde están las fincas que años atrás trabajaron sus abuelos e incluso sus padres. La falta de expectativas en el rural ha provocado el éxodo de miles de jóvenes que no ven futuro en las aldeas a las que ahora la mayoría solo van en vacaciones, pero otros ya ni eso.
Para evitar que la Galicia vaciada sume más núcleos fantasma y tratar de frenar la despoblación en el campo y convertirlo en un destino atractivo en el que trabajar y asentarse, la Xunta puso en marcha ya en 2008 el llamado Banco de Terras, un sistema por el que la administración media entre los propietarios y aquellas personas que necesiten parcelas para usos agrícolas, ganaderos, forestales, de conservación de la naturaleza y patrimonio. Pese a que esta oferta está disponible desde hace ya más de una década, no ha sido hasta hace unos años que empezó a experimentar un crecimiento importante en la oferta y la demanda.
En la actualidad son un total de 12.530 las fincas adheridas al Banco de Terras, de las que 2.492 están arrendadas, lo que supone que una de cada cinco están alquiladas. Otras 1.075 están en proceso de arrendamiento, lo que elevaría a casi el 30% las parcelas recuperadas, según datos de la Consellería de Medio Rural. Este volumen de tierras gestionadas a día de hoy por la Xunta supone un 20% más que hace apenas un año y las ya alquiladas, un 47% más.
Hasta ahora Medio Rural priorizó el arrendamiento de estas propiedades sin trabajar, un proceso que resulta complejo por el largo proceso de tramitación, hasta el punto que puede prolongarse más de dos años. No obstante, el departamento que dirige José González destaca que la progresiva aplicación de la recién aprobada Lei de recuperación da terra agraria aportará “mayor agilidad” al Banco de Terras y “mejorará su funcionalidad”, polo que se prevé “un incremento notable tanto del número de parcelas arrendadas o en proceso de como de la superficie”.
Su próximo reto es poner también parcelas a la venta, una iniciativa —detallan desde Medio Rural— tan solo pendiente de ultimar una serie de aspectos jurídicos. “Ya hay interés por titulares que lindan con esas propiedades”, destacan.
La mayoría de las fincas arrendadas a través del Banco de Terras son para ganadería, para explotaciones en extensivo de porco celta, vacuno de carne u ovino-caprino ya que uno de los principales obstáculos con los que se encuentra el sector para crecer y reducir los cada vez más elevados costes de producción por el alza del precio de los piensos, la luz y el gasoil es la falta de base territorial.
El periodo de alquiler en terrenos agrícolas es de 10 años, mientras que en el caso de los forestales es de entre 15 a 20 años.
La superficie de las fincas en manos del Banco de Terras refleja el minifundismo característico de la propiedad en Galicia. De media, las parcelas que ofrece Medio Rural no llega a la media hectárea (0,46), es decir la mitad de un campo de fútbol. En Pontevedra conde las parcelas para arrendar son más pequeñas (0,27 hectáreas de media), seguidas de las ofertadas en Ourense (0,35) y A Coruña (0,43). Y con la base territorial más alta, están las tierras en la provincia de Lugo (0,75 hectáreas).
Aunque la idea inicial del Banco de Terras era intentar movilizar las fincas abandonadas de particulares, el grueso de las parcelas que forman parte a día de hoy del sistema de gestión autonómico son públicas. El 84% son propiedades de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural —un total de 10.515 con una extensión que roza las 4.800 hectáreas—. Este porcentaje se ha reducido en seis puntos en el último lustro. Se trata de fincas que pasaron a manos de la Xunta tras acometer los procesos de concentración parcelaria en algunas zonas de la comunidad.
Los particulares han cedido a la Xunta un total de 1.943 propiedades con una extensión de más de 1.400 hectáreas. Y de dueños desconocidos son 72 fincas.
A Coruña concentra casi el 40% de las parcelas adheridas
Son cada vez los propietarios interesados en hacerse con una parcela del Banco de Terras para ganar base territorial, el principal hándicap del sector en Galicia por el minifundismo histórico que caracteriza la propiedad en el agro. Y es que tener una explotación en una gran parcela a tenerla repartida en varias fincas tiene consecuencias para el bolsillo, con unos costes de producción que pueden reducirse de media un 25%.
En el mapa de tierras gestionado por la Xunta, la provincia de A Coruña suma el grueso de las parcelas adheridas al sistema de arrendamiento público con 4.754, casi el 40% del total en la comunidad, y cuya extensión supera las 2.300 hectáreas. Le siguen en el ranking, la provincia de Ourense con 3.106 parcelas (1.461 ha), la de Lugo con 2.986 fincas pero más hectáreas que en Ourense (1.963). Y finalmente, las fincas de la provincia de Pontevedra: 1.684, el 14,5% de las ofertadas por Medio Rural, con una extensión de 566 hectáreas.
De las casi 2.500 fincas del Banco de Terras que en la actualidad están arrendadas, la mayoría están en Lugo (963, el 38,5% del total). En el segundo puesto de la lista está A Coruña, con 709 propiedades alquiladas por ganaderos o agricultores. A poca distancia se sitúan los contratos firmados en Ourense (675) y finalmente las fincas de Pontevedra que ya están siendo utilizadas son 175. A punto de cerrar el contrato de arrendamiento hay otras 1.075 fincas en Galicia, con la demanda del sector en A Coruña a la cabeza (523), seguida de Lugo (269), Pontevedra (178) y Ourense (105). En la cartera del Banco de Terras figuran 1.801 parcelas que no son arrendables —765 en A Coruña, casi 400 en Lugo, 418 en Ourense y 224 en Pontevedra—. Según apuntan desde Medio Rural, se trata de propiedades que tienen una construcción o un depósito o que están solicitadas para cesión a concellos. En la actualidad, más de 1.5000 están en trámite para su incorporación al Banco de Terras.
