El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó ayer “un marco normativo” a nivel estatal que regule la presencia de cajeros en zonas rurales, después de que en los últimos días varios ayuntamientos, entre ellos Zas o Vimianzo, iniciasen protestas por el cierre de sedes de los bancos en el rural.

En declaraciones a Radio Nacional, expuso que ese problema se produce “en toda España, incluso en otras comunidades con mayor intensidad”, por lo que urge un marco estatal para todas las autonomías.

Pero también trasladó esa responsabilidad a los bancos: “No pueden desaparecer de un día para otro. Entendemos las dinámicas de mercado, pero también las entidades tienen que entender que no pueden dejar de un plumazo y por una decisión empresarial ningún servicio financiero a los territorios”.

Por otra parte, manifestó la voluntad del Ejecutivo gallego de tener aprobados los presupuestos de la comunidad para que entren en vigor el 1 de enero. Para ello, puso el foco en los fondos europeos, que pueden “echar una mano muy grande”, por lo que pidió “concreciones y agilidad” sobre su reparto al Gobierno central.