Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León, gobernadas las cinco por el PP, emitieron ayer un comunicado conjunto en el que reclaman al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rectifique los “complejos y rígidos requisitos” impuestos para acceder a las ayudas del plan de rescate estatal para empresas y autónomos.
Las condiciones exigidas, tal y como reiteradamente han denunciado también las organizaciones empresariales y de autónomos, están dificultando innecesariamente la gestión de los fondos e impidiendo su eficaz inyección en el tejido productivo, indican en el documento remitido por la Junta de Andalucía.
En el caso de Galicia, el Gobierno central le entregó 234 millones de euros para repartir entre las empresas, pero siempre que cumplieran determinadas condiciones, como que la ayuda se tuviera que destinar exclusivamente a saldar deudas. El caso es que solo se presentaron 5.300 solicitudes por importe de 84 millones y, a estas alturas, la Xunta tendría que devolver al Estado el 31 de diciembre 150 millones, aquellos que no se gasten.
Las cinco autonomías del PP recuerdan que el Gobierno diseñó su plan de rescate “sin realizar ninguna consulta a las comunidades autónomas sobre su diseño y contenido, a pesar de que son éstas las que lo tienen que poner en práctica”. Por ello, estas comunidades expusieron hace meses a los ministerios de Economía y de Hacienda “las graves deficiencias” del decreto “en el fondo, por discriminar a quienes han cumplido con sus obligaciones asumiendo el pago de sus deudas, y en la forma, al obligar a la presentación de una amplia relación de documentación previa que complica tanto a los solicitantes como la posterior gestión administrativa”.
Asegura el comunicado que estas advertencias “fueron acompañadas de propuestas razonables para solventarlas”.
