La Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas de la Xunta ha resuelto, en algo más de un año, un total de siete peticiones de seis ex altos cargos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para incorporarse a una actividad de ámbito privado, entre ellos, el que fuera director del Igape, la anterior directora xeral de Familia o el ex secretario xeral de Presidencia.
Los miembros del Consello y los cargos que designa están sometidos a la ley de transparencia y buen gobierno, que en su artículo 45 establece las limitaciones al ejercicio de actividades posteriores al cese de un cargo público. Así, durante los dos años siguientes a la fecha del cese, los altos cargos no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo. La excepción es para aquellas personas que se reincorporen a entidades privadas que ya hubiesen ejercido con anterioridad a ocupar el puesto de alto cargo.
