Según un informe de la Comisión Galega da Competencia, las compensaciones a Audasa por las obras de ampliación de la AP-9 en los accesos a Vigo y Santiago de Compostela son “excesivas” y pueden ser consideradas “ayudas de Estado”. Se entregaron por Real Decreto en 2011, con firma del entonces ministro de Fomento, el socialista José Blanco.

El órgano de vigilancia añade que las prórrogas de los plazos de la concesión de la autopista “no pueden ser bien valoradas desde el punto de la competencia”. El mismo informe señala la “duración excesivamente larga de la concesión, que ha implicado una alteración de los factores económicos, sociales, de la movilidad y tecnológicos que se tuvieron en cuenta en el momento de su otorgamiento”. Todo esto derivó en “modificaciones continuas” en las normas que la regulan y que lleva a que “existen diferencias sustanciales entre la que salió a concurso en el año 1973”.

El documento ha sido desvelado por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Y se remitió, junto con otro informe anterior del Consello Consultivo de Galicia, en una carta al secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Sergio Vázquez Torrón. En esa misiva, la conselleira Ethel Vázquez también reclama al Gobierno central la urgencia para que se convoque una reunión de la Comisión de la AP-9 para abordar estos asuntos, junto con la declaración de ilegal de las prórrogas de la concesión.

El pleno del Parlamento ha rechazado además una iniciativa del BNG para pedir a la Xunta que demande del Gobierno central estudiar “las vías para la anulación de las prórrogas concedidas de manera ilegal, así como los mecanismos para la devolución de los peajes cobrados ilegalmente” en la AP-9. El PP votó en contra de esta iniciativa, y el PSdeG se abstuvo.