Entre la administración pública y la autonómica, los gallegos podrían pelear por 15.000 plazas en este 2022. A la espera de que salgan las convocatorias pendientes y a la expectativa del impacto que tenga el decreto ley de estabilización en la función pública, la Xunta avanza en una época que se considera de boom de oposiciones. E inicia la fase de concurso para ocho procesos selectivos, en los que se han convocado más de 700 plazas
El Diario Oficial de Galicia publicaba ayer las resoluciones para el procedimiento de acreditación de méritos de los participantes. La Dirección Xeral da Función Pública baremará a 1.978 aspirantes para 726 plazas de empleo público. Los procesos selectivos a los que pertenece esta fase de concurso son los del grupo A1 de Biólogos —31 plazas—, grupo A2 de Educadores (86), A2 de Enfermería (69), C2 de Auxiliar de enfermería (305), y la Agrupación Profesional de personal subalterno (205).
En el personal laboral, se inicia la fase de concurso para el grupo II Titulado grado medio (21 plazas), grupo III Administrativo (6) y el V de ordenanzas (3). Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles desde la publicación en el DOG para presentar sus méritos, por lo que finaliza el 21 de febrero.
Mientras tanto, termina la fase de concurso en otros procesos selectivos. La Dirección Xeral da Función Pública ha puesto fin al plazo de presentación de méritos para diez procesos en los que se han convocado 443 plazas con la baremación de más de 900 aspirantes. Corresponden al grupo A1 de Medicina, el A2 de Trabajo Social, A2 de Terapia ocupacional, A2 de Fisioterapia; además del C1 del Cuerpo Administrativo, y el C2 del Cuerpo Auxiliar, estos dos en promoción interna.
Por último y con respecto al personal laboral, la Consellería de Facenda e Administración Pública confirma que se ha cerrado la fase de concurso para el grupo I de Médicos, el grupo I de Psicólogos, el grupo II de Asistente social y el II de Terapia ocupacional.
Comisión de servicios
Dentro de la administración autonómica, la CIG hacía pública ayer una resolución del Juzgado del Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela. El fallo indica que la Xunta deberá justificar las prórrogas de comisiones de servicios que se pasaban de dos años en 2019. El sindicato CIG había denunciado la prórroga no motivada de 347 comisiones de servicios “por falta de justificación de dicha prórroga, alguna desde el año 2010”.
La CIG adelanta que exigirá responsabilidades “si la Xunta no motiva adecuadamente esta excepcionalidad , y lo va a tener difícil”. Considera esta sentencia “positiva y un paso más en la lucha contra la nefasta política de personal”.
