En un contexto en el que el precio de la electricidad llega a quintuplicar el importe de hace un año y con los desembolsos por bombona también disparados, poder ahorrar al calentar el hogar, por ejemplo, es un plus. Contar con una vivienda bien aislada, con electrodomésticos más “verdes” o con una caldera más eficiente repercute en el bolsillo de quien habita en ella. Desde hace once años, es obligatorio que los edificios de nueva planta se saquen un certificado, parecido al de los electrodomésticos, que los clasifica en función de su eficiencia energética y, aunque una inmensa mayoría obtendrían en ese examen lo que pueden considerarse las mejores “notas”, al ser valorados con las letras A y B de una escala que llega, siguiendo el abecedario y de más a menos eficiente, hasta la G, tres de cada diez se quedan fuera de las categorías óptimas.

En concreto, según explican desde la Vicepresidencia Segunda de la Xunta y Consellería de Economía, desde que es obligatorio el registro de certificados en edificios de nueva construcción se han registrado 5.590 inmuebles. De ellos, siete de cada diez disponen de una cualificación energética A o B. En concreto, señalan, casi un 53% de esos inmuebles logra alcanzar la máxima “nota” al valorar tanto su consumo de energía como de emisiones de CO2, mientras que un 21,6 por ciento llegan a la letra B.

De ese modo, quedarían más de 1.400 inmuebles erigidos en el entorno de la última década y que, no obstante, no reúnen los requisitos para merecer ser clasificados entre los que presenten niveles más altos de ahorro. En su web, el Ministerio para la Transición Ecológica reseña que una vivienda eficiente que cuente con la categoría más alta de eficiencia energética (la A) “consume hasta un 90% menos de energía que una catalogada con el nivel más bajo” y una B, un 70% menos.

En total, Galicia cuenta, con datos cerrados a diciembre de 2021, con 212.447 inmuebles que han sido evaluados y calificados en función de su eficiencia energética. En esa cifra se incluyen los 5.590 erigidos a lo largo de los últimos once años, 1.200 de ellos edificados durante 2021. De todos ellos, el 77% suspenderían, un dato que se relaciona con el parque de inmuebles envejecido de la comunidad, donde un tercio de viviendas tienen más de medio siglo.

Por lo que respecta a 2021 se sumaron 23.868 inmuebles más con la acreditación, alrededor de 4.800 más que los que se evaluaron en el ejercicio previo, cuando todas las actividades sufrieron las consecuencias de las restricciones derivadas de la pandemia. La recuperación, destacan desde la Xunta, está siendo “muy significativa. De esos casi 24.000 inmuebles evaluados el pasado año, destaca por su elevada eficiencia un 6,4% —A o B—. En la categoría C se encuadran el 5% y en la E, un 11,4%. Por debajo del aprobado se consideran las letras E, F y G, que sumarían un 77% de viviendas.

Apenas 11.200 euros en sanciones en un lustro

Incumplir la exigencia de contar con certificado energético de la vivienda —caso de las construcciones nuevas o aquellas que se destinen a la venta o al alquiler— puede conllevar multas de hasta mil euros. No obstante, las infracciones no menudean. Según los datos trasladados por la Consellería de Economía, en la actualidad los expedientes sancionadores abiertos que acabaron por suponer una sanción se deben a denuncias de particulares a propietarios por no entregarles el certificado de eficiencia energética registrado. Esta infracción está tipificada como grave y su sanción oscila entre los 601 y los mil euros. En concreto, indican que en materia de certificación energética el número total de expedientes abiertos asciende a una veintena desde el año 2016 y concretan que han implicado sanciones por un importe que asciende a un total de 11.200 euros. El Ministerio para la Transición Ecológica indica en su página web como ejemplos de falta leve el publicitar la venta o alquiler de una vivienda sin su calificación, el no exhibir la etiqueta de eficiencia o el exhibir una sin el formato y contenido mínimos, aparte de expedir certificados sin la información mínima. Para dichos comportamientos, las multas previstas van hasta un importe de 600 euros. Hasta 6.000 de penalización, en cambio, pueden conllevar las que se considera como infracciones muy graves. En concreto, el Gobierno menciona falsear la información en la expedición o registro de los certificados, actuar como técnico certificador o agente independiente autorizado sin contar con la habilitación pertinente o publicitar en la venta o alquiler de edificios una certificación que no esté respaldada por un certificado en vigor.