El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, anunció ayer la autorización de pagos a funcionarios municipales y cargos públicos para que hagan frente al pago de sus defensas procesales como consecuencia del archivo de las causas derivadas de la operación Pokemon, una de las mayores tramas de corrupción política investigadas en Galicia.
En la junta de gobierno celebrada ayer por la mañana, se acordó el pago de 29.705 euros para la representación procesal de un funcionario municipal, siendo este el segundo pago autorizado a un funcionario como consecuencia de la instrucción de las causas derivadas de la operación Pokemon, que están siendo archivadas. En cuanto a los cargos públicos, tres de los cinco concejales afectados ya han solicitado este pago.
Bugallo confirmó que la cantidad dotada para estas “ayudas” oscilará entre los 200.000 y los 300.000 euros, destinados a los cargos públicos y funcionarios municipales sometidos a investigación en virtud de los sumarios de la operación Pokemon. Como consecuencia de las resoluciones judiciales en la que las diligencias a algunos de los investigados se han archivado, el regidor compostelano ha manifestado que “proceden al abono de los gastos de la defensa”, según señaló Bugallo.
El alcalde del Ayuntamiento compostelano quiso recalcar la importancia de estos pagos, subrayando que “cuando un cargo público es imputado, si no se acredita ninguna actividad delictiva, la administración debe ampararlo, pues sino la mayoría acabarían arruinados”.
