Los jóvenes de entre 18 y 35 años podrán acceder a una ayuda pública para el pago del alquiler. Aunque el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de enero el real decreto por el que se regula el llamado Bono Alquiler Joven, fue ayer cuando dio a conocer las partidas que transferirá a cada comunidad. Hasta 200 millones de euros para este año y otros 200 para 2023, de los que a Galicia le corresponderán cada ejercicio 11,4 millones —22,8 para las dos anualidades—, lo que supone un 5,7% del total. El anuncio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se produjo en medio de las quejas de la Xunta por la espera desde hace “seis meses” del presupuesto estatal para poder publicar la primera convocatoria del bono para el alquiler a jóvenes, unas ayudas que tienen como objetivo facilitar la emancipación de los menores de 35 años o, en todo caso, permitir el acceso a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso.
Nada más conocer la asignación a cada territorio, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, cuestionó que el Ejecutivo central “genere grandes expectativas en vez de adoptar decisiones y abordar los trámites necesarios para entregar definitivamente a las comunidades los recursos confirmados con el fin de hacerlos llegar a los beneficiarios finales: los jóvenes gallegos”.
El departamento que dirige Ángeles Vázquez advierte de que Galicia “lleva tiempo” poniendo sobre la mesa varias cuestiones sin cerrar del programa que puede generar interpretaciones contradictorias, “cuando es la propia Xunta la encargada de gestionarlo”, así como de realizar las convocatorias con la debida seguridad jurídica.
Y ejemplifican la situación con la aclaración a la posibilidad de crear una plataforma de gestión única, a nivel estatal, para la gestión del bono, “con el fin de que se garantice y mantenga el derecho de acceso a la ayuda a aquel que, por circunstancias laborales, se tenga que desplazar a otra comunidad”. Sobre este requerimiento al Ministerio de Transportes, la Xunta asegura no haber recibido respuesta” alguno, como tampoco a la posibilidad de introducir algunos cambios en el Real Decreto, “ya que —apuntan desde Medio Ambiente, Territorio e Vivenda— con la redacción inicial del mismo quedan excluidos de la ayuda muchos menores de 35 años por el simple hecho de compartir vivienda con personas que, aún sin formar parte de su unidad de convivencia, no cumplen los requisitos para acceder a las ayudas”.
En este caso, la demanda del Ejecutivo gallego planteaba que el tratamiento de los datos y requisitos “fuesen individualizados”. El departamento que dirige Ángeles Vázquez considera que la ayuda se concede “a cada persona en particular, no al conjunto de personas que comparten la vivienda”.
