Más vale prevenir que curar. El refrán puede aplicarse a todos los ámbitos, desde los sanitarios y familiares hasta los jurídicos. Son cada vez más los ciudadanos que piensan en cómo serán sus últimos días y en previsión de una situación en la que no puedan decidir por sí mismos, toman cartas en el asunto para dejarlo todo bien atado. En España y sobre todo en los territorios con la población más envejecida, como es el caso de Galicia, se ha disparado en los últimos años la demanda de los llamados poderes preventivos, un documento notarial que permite a una persona designar a otra para que actúe representando sus intereses en caso de que llegase a carecer de la capacidad necesaria para manifestar su voluntad. Con este instrumento jurídico de protección personal y patrimonial, se evitaría en un futuro un proceso judicial de provisión de apoyos.
En el último año, los notarios registraron en Galicia un total de 317 personas otorgaron un poder para anticiparse a una situación de incapacidad, un 175% más que las 115 registradas hace cinco años (casi el triple) frente al aumento del 77% en el conjunto del Estado, según datos del Ilustre Colexio Notarial de Galicia.
Detrás de esta tendencia al alza está el fuerte envejecimiento que ha experimentado la población gallega en los últimos años. La pirámide poblacional gallega se sustenta por cada vez más bastones y menos biberones.
“Envejecer con derechos”
En la actualidad, ya hay 213 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Estos datos convierten a Galicia en la segunda comunidad autónoma con el índice de envejecimiento más alto, solo por detrás de Asturias y casi a la par que Castilla y León.
“La prevención en todos los ámbitos, familiares, sociales, sanitarios y también jurídicos, la colaboración y los apoyos son fundamentales para garantizar el bienestar y la dignidad de las personas mayores”, destaca el decano del Colexio Notarial de Galicia, José María Graíño. El amplio sistema de protección jurídica personal y patrimonial es, según destaca Graíño, el que “permite envejecer con derechos, y forma parte esencia, por tanto, del derecho a envejecer”.
En los últimos cinco años fueron un total de 999 los poderes preventivos formalizados en la comunidad gallega, con el techo máximo alcanzado en 2021, con un total de 317. A excepción del año 2020, marcado por el estallido del COVID que paralizó prácticamente todas las actividades y sectores, por lo que descendió el registro de estos documentos, han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años.
De las cuatro provincias gallegas, pese a que Lugo y Ourense son las más envejecidas, este trámite es más frecuente en A Coruña y Pontevedra. En las notarías coruñesas se registraron el año pasado un total de 160 poderes preventivos, la mitad del conjunto autonómico. Le siguen los documentos registrados por ciudadanos pontevedreses, 115 (el 36%). Muy lejos de estas cifras, están los afectados de Ourense (35 nuevos casos) y, finalmente, de Lugo (7). De los casi 1.000 poderes preventivos formalizados desde 2017, a la provincia de A Coruña le corresponden 467, a la de Pontevedra 356, a la de Ourense 138 y a la de Lugo, 38.
