El juzgado de instrucción número 1 de Lugo decretó ayer la apertura de juicio oral por la pieza principal de la operación Pokemon, que sentará en el banquillo después de una década desde su inicio al exteniente de alcalde de Lugo Francisco Liñares y otras diez personas por la adjudicación del servicio de grúa municipal en la capital luguesa.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informó ayer de la decisión del juzgado que instruye la principal pieza, que investiga las supuestas irregularidades cometidas en la concesión a la empresa asturiana Cechalva del servicio de grúa de la ciudad de Lugo, según Europa Press.
El principal acusado es el exteniente de alcalde de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil Francisco Liñares, para quien la Fiscalía pide una condena de nueve años y medio de cárcel y 32 años de inhabilitación por violación de secretos, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales, así como una multa de 950.000 euros.
Además del exmandatario municipal del PSOE, que se convirtió en marzo de 2021 en el primer condenado por una causa derivada de la Pokemon, están acusadas otras diez personas para las que se solicitan penas de entre 2 y 7 años de cárcel.
La apertura de juicio oral llega un año y un mes después de que en octubre de 2021 el juzgado de instrucción concluyese la investigación de la principal pieza de la macrocausa iniciada por la jueza Pilar de Lara, apartada años más tarde del número 1 de Lugo por dilaciones indebidas.
Más de una década después de que arrancase una operación que derivó en la investigación de decenas de personas, incluidos varios cargos políticos de distintas corporaciones gallegas y de otras comunidades, la trama principal llegará a juicio con Francisco Liñares como el principal acusado. El Ministerio Público considera al exmandatario socialista como el principal responsable de la adjudicación fraudulenta en 2005 del servicio de grúa municipal a Cechalva, compañía que también figura como acusada junto a otra empresa, Sanle, a las que considera autoras de un delito contable.
El juzgado reduce la lista de procesados a 11. Queda exculpada Concepción Ferreiro, la esposa de Francisco Liñares, que figuraba como acusada en la investigación.
Liñares, el único político que se sentará en el banquillo por esta pieza, estará acompañado en el juicio por otras 10 personas, para las que las penas oscilan entre los dos y los siete años y medio de cárcel. Esta condena es la que el Ministerio Público demanda para J.M.R., considerado el “enlace” entre Liñares y la empresa que obtuvo la adjudicación del contrato de la grúa. Está acusado de aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, falsedad en documento mercantil y de un delito contable.
