La Xunta adquirirá para alquiler social pisos a Abanca en 32 concellos, ocho de A Coruña

La desorbitada inflación y la reducida oferta han llevado a los precios del alquiler a máximos históricos. Encontrar un piso por menos de 400 euros en las ciudades e incluso los concellos limítrofes es una misión casi imposible. Con el estallido de la pandemia, muchas familias ya no tienen ingresos suficientes para hacer frente al arrendamiento de su vivienda, que ya se come en muchos municipios más del 30% del salario. Y en el caso de los inquilinos afectados por ejecuciones hipotecarias o en situación de vulnerabilidad, el parque público actual no es suficiente para atender la creciente demanda. Desde la Xunta, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), se impulsaron apenas 900 viviendas de promoción pública entre 2015 y 2020 y este año se anunciaron 320 para las ciudades de A Coruña, Vigo, Pontevedra y Lugo. Ante la irrefrenable demanda de pisos protegidos en régimen de alquiler, la Xunta anunció la semana pasada un convenio con Abanca para la adquisición de 55 viviendas este año por 3,9 millones de euros. Serán los vecinos de 32 ayuntamientos -8 en la provincia de A Coruña, tres en la de Lugo, otros tres en la de Ourense y 18 en la de Pontevedra- que podrán beneficiarse de esta oferta de viviendas públicas, según detallan desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, un coste medio el arrendamiento de 79 euros mensuales.

El acuerdo de la Xunta con la entidad bancaria en la provincia de A Coruña incluye 12 viviendas: cuatro en la ciudad coruñesa, dos en Ribeira, y una en los concellos de A Laracha, Cee, Miño, Narón, Negreira y Porto do Son.

En Lugo se adquirirán tres viviendas para arrendamiento a precios reducidos: una en Monterroso, otra en Rábade y una más Sarria. En Ourense la oferta incluirá cinco inmuebles: tres en la ciudad de As Burgas, otro en Verín y uno en Vilar de Santos. El mapa residencial de Pontevedra será el que cuente con más opciones de alquiler social en este convenio con Abanca, ya que serán 35 los inmuebles que se habilitarán con tal fin: 8 en Vigo, cuatro en Salvaterra de Miño, tres en A Cañiza, con dos figuran A Guarda, Caldas de Reis, Pontecesures, Silleda y Tomiño. Y, finalmente, con un inmueble para arrendamientos a familias en situación de vulnerabilidad entran en el convenio Cangas, Lalín, Marín, Moaña, Mondariz, Nigrán, Ponteareas, Pontevedra, Salceda de Caselas y Vilanova de Arousa.

Además del acuerdo con Abanca, que antes de finales de año se concretará su firma, la Xunta también tiene intención de adquirir a lo largo del próximo año, previsiblemente el primer trimestre, viviendas a la Sareb para arrendamiento social. El convenio actual con el llamado banco mal incluye la gestión por parte del IGVS de casi 50 viviendas para arrendar a familias desfavorecidas de las casi 1.900 adjudicadas a las comunidades. Estos inmuebles se reparten en 18 ayuntamientos: ocho de la provincia de A Coruña (A Coruña, Arteixo, Cedeira, Cee, Culleredo, Ferrol, Miño y Narón), uno de Ourense (O Barco) y nueve de Pontevedra (Lalín, O Porriño, Poio, Ponteareas, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Silleda, Vigo y Vilagarcía).

Suscríbete para seguir leyendo