Los administradores de fincas urgen que los vecinos puedan reclamar el desalojo de ocupas

Ocho de cada diez ocupaciones en Galicia son de viviendas de procedencia bancaria, fondos de inversión y la Sareb, conocido como banco malo. Aunque fueron detectados más de 660 usurpaciones de pisos o casas a lo largo del año pasado en la comunidad, según datos de la patronal inmobiliaria, poco más de un centenar fueron denunciados, tal y como recogen las estadísticas de la Policía Nacional.

Este balance deja en unos 145 los inmuebles de particulares asaltados, una cifra que se correspondería con los casos en los que los propietarios exigen la intervención policial o judicial para proceder al desalojo. Las comunidades de vecinos reclaman cambios en la normativa para evitar que las ocupaciones se prolonguen en el tiempo y causen problemas de convivencia en sus edificios y barrios. Para ello, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) urge que las comunidades de propietarios también puedan emprender acciones legales para desalojar a los ocupas que se han asentado en una vivienda, una potestad ahora solo reservada para los dueños de los inmuebles afectados. El colectivo se suma así a la reclamación planteada ya por la Xunta al Gobierno central con el objetivo de agilizar la marcha de los inquilinos que han usurpado un piso o incluso una casa o chalé, como ha ocurrido en urbanizaciones de A Coruña.

En la actualidad, es únicamente el dueño de un inmueble ocupado quien puede iniciar los trámites para exigir el desalojo, pero desde Coafga advierten de que en muchos casos los propietarios no sufren las consecuencias porque o bien no viven cerca y no se enteran o, directamente, les da igual, por lo que los nuevos inquilinos pueden permanecer en el inmueble todo el tiempo que quieran. Esta situación, denuncian los administradores de fincas, provoca “un gran malestar entre vecinos a causa de los ruidos, la suciedad y los desperfectos”.

El colectivo alerta de nuevas prácticas de ocupación que van en aumento. Se trata de casos de arrendatarios morosos que, tras ser desahuciados y desalojados, vuelven a los pisos y se convierten en ocupas. Avisan también de la profesionalización de este fenómeno: “Existen los “llamadores okupas”, mafias que buscan viviendas para que ocupen terceros a cambio de dinero, y “subarrendatarios” de los ocupas, conocedores o no de esta situación, que pagan una renta a los ocupas e incluso tienen que contrato de alquiler”, detallan los administradores de fincas.

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia atribuye el aumento de los allanamientos al “efecto llamada” provocado por el reciente real decreto ley del Gobierno, que en su disposición final primera “blinda a los ocupas al prohibir desalojos si los allanamientos no se producen con violencia”. “Si las penas fuesen más duras, no se allanarían tantas viviendas. La ocupación tiene cada vez más adeptos porque no se pode freno”, sentencian los administradores de fincas. “Para generar viviendas en un mercado de alquiler que las demanda cada vez más, se precisan medidas que generen confianza en el arrendador”, sostienen.

En la actualidad apenas hay disponibles en el circuito de comercialización de alquiler en Galicia 3.000 viviendas, la cifra más baja de la historia. Son ya casi seis veces menos que los pisos turísticos registrados en la comunidad, una actividad con mayor rentabilidad que el arrendamiento tradicional y mayor seguridad jurídica.

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