El BNG ya no es tan imprescindible para el PSOE

El nacionalismo gallego siempre ha observado con envidia el peso que sus colegas catalanes y vascos han tenido en la gobernabilidad de España, pudiendo así lograr no solo mejoras económicas, sino un incremento de su autogobierno. La noche del 23-J supuso un golpe en sus expectativas de acercarse a esa capacidad para condicionar el Gobierno central, pero el posterior recuento del voto exterior ya convirtió en un auténtico jarro de agua fría un proceso electoral al que el BNG concurría con la intención de alcanzar grupo parlamentario propio, es decir, un mínimo de cinco actas, dos por encima de su hasta ahora techo, conseguido hace dos décadas. Repitió el resultado de 2020: un solo representante. Se impuso la competencia de Sumar, que logró dos escaños.

La formación comandada por Ana Pontón vive sus mejores momentos en Galicia, con 19 de 75 parlamentarios autonómicos, líder destacada de la oposición a la mayoría absoluta del PP, última conseguida por Alberto Núñez Feijóo en 2020 antes de dar el salto a Madrid. Con esos mimbres, el Bloque soñaba con mejorar los logros conseguidos en la pasada legislatura, en la que pasó de tener un papel clave en la elección del socialista Pedro Sánchez a quedar fuera del conocido como “bloque de investidura”. 

El 23-J su voto también se antojaba clave para el PSOE, pero el recuento del voto exterior hizo necesario para socialistas y Sumar que Junts pasase de su abstención a su voto afirmativo a la investidura, junto a Bildu, PNV y ERC. De esa forma, contrarrestarían los 172 diputados de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, siempre que estos votasen en contra de Sánchez. En ese escenario, el único parlamentario del BNG ya no sería necesario porque Sánchez superaría los 175 votos a favor.

Sus anhelos de conseguir para Galicia algunas de sus reivindicaciones históricas se tambalean. En esa lista de peticiones se incluye el traspaso de la titularidad de la Autopista del Atlántico (AP-9), la principal vía de comunicación de la comunidad, cruzándola de norte a sur en paralelo a la costa; concluir la llegada de la alta velocidad, que ahora solo alcanza a Ourense; lograr un concierto económico como el navarro o el cupo vasco; y un cambio en el modelo energético, pues el BNG exige una tarifa más barata para Galicia, que exporta una enorme cantidad de electricidad, pagando el peaje del impacto ambiental de su generación sin contraprestación. También quiere estar a la altura del trato como naciones de Cataluña y Euskadi a nivel competencial.

“Nuestro país no puede ser un invitado de piedra, no se puede hablar de encaje como naciones de Euskal Herria y Cataluña y que Galicia no esté presente”, avisó hace días Néstor Rego, que volverá a ser el único representante del BNG en el Congreso. Su meta es que la “agenda gallega” sea necesaria para el PSOE y Sumar. Pero vista la aritmética, sus posibilidades son escasas.

El discurso de utilidad estatal del BNG quedará así en entredicho una vez más, pues aunque firmó un acuerdo de investidura con el PSOE en 2020, gran parte del mismo no se cumplió y luego ambas partes, socios siempre que pueden en Galicia en decenas de ayuntamientos y dos diputaciones, se distanciaron tanto que Rego no apoyó los presupuestos estatales en los últimos años.

El Bloque vendió desde 2020 como gran botín haber logrado una histórica rebaja de peajes de la AP-9, pero no logró normalizar el uso del gallego en la administración central, ni la transferencia de la AP-9 a Galicia, aspecto clave para intentar recuperar para el ámbito público la vía, ni impulsar el Corredor Atlántico de mercancías (sus planes siguen por desarrollar), ni mejorar los fondos recibidos para la dependencia, ni una tarifa mejorada para las industrias electrointensivas, ni derogar la ley mordaza, ni, por supuesto, una compensación a las comunidades, como Galicia, excedentarias en la producción eléctrica para abaratar el recibo de la luz a su población.

El BNG se encuentra ante una situación que no es capaz de revertir. Rego aseguró la semana pasada que en ningún caso favorecerá un Gobierno “de la derecha”, en alusión al PP, pero advirtió de que tampoco concederá “un cheque en blanco” a un PSOE que, al necesitar el apoyo de Junts, ya no necesita el voto del nacionalismo gallego. Aun así, su diputado insiste en que su posición sale “reforzada” tras el 23-J porque gana una senadora por designación autonómica, epítome de su papel en Madrid, pues la Cámara Alta presenta mayoría absoluta del PP. Esa voz tampoco resultará decisiva.

El discurso en torno al papel clave del BNG hace aguas en un momento determinante en Galicia, pues las elecciones autonómicas deberían celebrarse en verano de 2024 si no se produce un adelanto. El PP, que arrasó el 23-J, presentará como candidato a Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, que por primera vez desde 2009 no será la punta de lanza de los populares en la comunidad. BNG y PSOE están condenados a entenderse, por lo que tampoco les convendría convertir el Congreso en un campo de batalla. Mientras tanto, el nacionalismo gallego deberá esperar otra oportunidad para ser “decisivo” en Madrid.