El impacto de la dispersión: el 97% de las depuradoras son para menos de 250 vecinos

La compleja orografía de Galicia y su gran dispersión territorial dificultan y encarecen los servicios de saneamiento. Llevar los servicios de agua a cada lugar del territorio necesita el doble de metros de tuberías que en otras partes de España. La comunidad gallega cuenta con más de 4.000 depuradoras y fosas inventariadas y el 97 por ciento (3.913) dan servicio a núcleos inferiores a 250 vecinos. Esto supone una enorme carga para los concellos que gestionan estas instalaciones. En concreto, el 25% de los ayuntamientos se hace cargo de más de veinte estaciones de depuración.

Estos son los primeros datos que se extraen del diagnóstico que está realizando Augas de Galicia que servirá de base para el nuevo Plan de Saneamiento. Con este documento, la Xunta pretende alcanzar “una mejor gestión y más responsable de las infraestructuras de saneamiento y depuración, establecer un marco de gobernanza adecuado entre las administraciones y los agentes implicados y mejorar la información disponible”.

Aguas de Galicia terminó ya la primera fase del plan que consistió en analizar la situación actual del saneamiento. Se delimitaron 513 aglomeraciones de más de 250 habitantes, entre ellas 201 que superan los 1.000 habitantes. La Xunta se anticipa así a la nueva Directiva de Aguas que obligará a controlar a partir del próximo año el saneamiento en las poblaciones superiores a 1.000 habitantes —ahora solo se pedía para las de más de 2.000 residentes—.

Para dar una idea de la complejidad de prestar el servicio de saneamiento, Augas de Galicia apunta que el 20% de los habitantes del territorio gallego reside fuera de una aglomeración urbana. La comunidad tiene además 30.000 núcleos de población con una densidad media de 100 vecinos por kilómetro cuadrado. Solo se supera esa densidad media en 9 de los 313 municipios.

Esto explica la “elevada longitud” de la red de alcantarillado: en la comunidad las redes de saneamiento están compuestas por más de 20 millones de metros de colectores. Así, mientras en España hay una ratio de 4 metros lineales de tuberías por habitante, en Europa es de 6 y en Galicia asciende a 9 metros. “La dispersión territorial hace muy difícil y costoso llevar los servicios de agua a cada lugar del territorio”, explica la Consellería de Infraestruturas, de la que depende Augas de Galicia.

En Galicia hay más de 4.000 depuradoras y fosas sépticas inventariadas. Solo 65 tienen un tamaño para dar servicio a poblaciones de más de 10.000 habitantes. El grueso, 3.913, son pequeñas EDAR con capacidad para depurar aguas residuales de núcleos de menos de 250 residentes. “Esto hace que muchos concellos tengan que gestionar “un elevado número de instalaciones de depuración”, advierte Augas de Galicia. Así, un total de 78 ayuntamientos (el 25% del total) tiene a su cargo más de 20 EDAR. El 18% de los concellos gestiona de 11 a 20 depuradoras, el 28% entre 4 y 10, y el 27% entre 1 y 3. Solo hay seis concellos sin estaciones de saneamiento.

Otro dato que aporta Augas de Galicia que da idea de la complejidad de prestar el servicio de saneamiento en Galicia es el elevado número de estaciones de bombeo de aguas residuales, que son las que se encargan de transportar las aguas residuales localizadas en pozos hasta un nivel superior porque, a causa de la gravedad y el terreno, no pueden ser gestionadas a menos que se eleven: suman más de 1.000 en Galicia. “A pesar de ello, el 88,2 por ciento de la población gallega está conectada a un sistema de saneamiento o depuración”, defiende la Xunta.

Dos concellos se acogen a la Lei de Aguas y ceden la gestión a la Xunta

Rianxo y Muxía solicitan que el Ejecutivo gallego se haga cargo de sus EDAR

La Xunta aprobó hace poco más de un año la Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga, una norma que nació rodeada de polémica ante las advertencias de algunos concellos de que supondría un encarecimiento en el recibo del agua. El objetivo de esta normativa era promover la explotación conjunta de las redes de distribución de agua y alcantarillado de los concellos para mejorar su eficiencia. Para ello el Gobierno gallego se ofrece a prestar el servicio de saneamiento a aquellos ayuntamientos que así se lo pidan. Antes de la aprobación de esta ley, Augas de Galicia gestionaba ya las depuradoras de 30 municipios. La norma, sin embargo, cambia las tasas que se cobraban hasta ahora para equilibrar gastos e ingresos. Así crea un canon de gestión de depuradoras, que sustituirá al actual coeficiente de vertido con la diferencia de que se eliminan las exenciones en el tramo del consumo mínimo. A pesar de las dudas sobre si este nuevo sistema podría encarecer el recibo del agua, hay dos concellos que han decidido sumarse a esta gestión conjunta. Según informa la Consellería de Infraestruturas, están tramitando las solicitudes de los ayuntamientos de Rianxo y Muxía, ambos en A Coruña, para que la Xunta se haga cargo de sus depuradoras. La previsión de la Augas de Galicia era asumir la gestión de los sistemas de depuración de un total de 40 concellos en una década a través de adhesiones voluntarias. Alcaldes socialistas se reunieron recientemente para denunciar la “tropelía” del nuevo canon que crea la Lei de Augas pues “estrangula a los ayuntamientos y sube impuestos a los vecinos”. El PSdeG llegó a advertir a la Xunta de que adoptará medidas legales.

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