Política Social lanza un plan para ampliar la teleasistencia a 55.000 dependientes “cuanto antes”

Cuatro días antes de las elecciones generales del 23 de julio, el Gobierno central amplió las prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia, forzando a las comunidades autónomas a mejorar el tratamiento de las personas con algún grado de dependencia sin aportar más recursos financieros. La Consellería de Política Social trabaja en un plan para ampliar “cuanto antes” la teleasistencia a otras 55.000 personas que ya tienen derecho a este servicio.

Hasta ahora, un dependiente superaba un examen para que los técnicos sociosanitarios determinasen qué prestaciones debía recibir. En muchos casos, lograban dos, como por ejemplo, teleasistencia y una plaza en un centro de día para pasar las mañanas bajo tutela de cuidadores. En multitud de situaciones, a los usuarios solo se les asignaba un recurso. Galicia, por ejemplo, cuenta en la actualidad con 72.568 personas con un programa de atención, que reciben 87.989 prestaciones, a una media de 1,21 por usuario.

La situación, sin embargo, ha cambiado. El plan del Ministerio de Derechos Sociales de comienzos de año para ampliar la cobertura de la Ley de Dependencia, ya es una realidad desde finales del pasado mes de julio, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un real decreto para regular las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Ahora, la teleasistencia no es un servicio más, sino que “se dispone [...] como servicio complementario del resto de prestaciones contenidas en el programa individual de atención para todos los grados de dependencia”, a excepción de quienes están ingresos en residencias de mayores. Es decir, todos los dependientes, salvo estos últimos, deben recibir un servicio de teleasistencia a mayores de otras prestaciones.

Sobrecoste de 9 millones

De las 87.989 prestaciones que a finales de julio se ofrecían a los 72.568 dependientes gallegos, 9.250 correspondían a teleasistencia y otras 7.084 a plazas en residencias, por lo que las aproximadamente 55.000 restantes ya tienen derecho en la actualidad a recibir la teleasistencia, un servicio consistente en un pulsador o un reloj que llevan consigo todo el día y que les permite avisar a la Cruz Roja en caso de emergencia, aunque también es utilizado para recibir ayuda en la solicitud de citas médicas o similares.

Política Social preveía incorporar a todos los usuarios este año al modelo de última generación, que incluye tecnología para detectar humo, fuego, gas, altas temperaturas o ausencia de movimiento y así minimizar el riesgo de que a estos usuarios les sucedan percances como, por jemplo, una caída que limite su capacidad de moverse o un incendio doméstico.

El departamento dirigido por Fabiola García lamenta la aprobación de este cambio en el sistema de dependencia de manera unilateral. “El Gobierno gallego conoció el contenido de la reforma realizada por el Gobierno central de la Ley de Dependencia a través de su publicación en el BOE el pasado 19 de julio. En ningún momento se ha consensuado esta reforma con las comunidades autónomas, competentes en su aplicación. En el propio BOE se establece que la reforma se debe aplicar con fecha de 1 de agosto, es decir, trece días después de su aprobación, y en ningún caso trae aparejada una partida presupuestaria”, lamentan desde la Consellería de Política Social sobre un cambio que el Ejecutivo central calcula que le costará 9,1 millones más al año a las arcas gallegas.

“Esta forma de actuar revela una falta de conocimiento por parte del Gobierno central de los plazos y el funcionamiento de los procedimientos administrativos. Para aplicar esta reforma, desde la administración gallega debemos: adaptar la normativa autonómica a esta modificación, buscar la financiación necesaria, ya que las partidas anuales están cerradas, cambiar las aplicaciones informáticas para su aplicación y licitar un nuevo contrato de prestación del servicio de teleasistencia ante el incremento del número de usuarios”, lamentan fuentes de Política Social.

“Ni un euro”

La Xunta añade que el Ministerio de Derechos Sociales no solo “no ofrece ni un solo euro para esta ampliación de la teleasistencia a todas las personas con dependencia reconocida, o que supondría un sustancial incremento de fondos”, sino que se mantiene el incumplimiento de la cofinanciación por parte de la administración central. “En la actualidad, en lugar del 50% tan solo asume el 30% de este gasto”, zanjan desde este departamento, que considera “electoralista” la aprobación de la medida.

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