La Xunta combate las obras ilegales: 1.700 derribos y más de 6.000 multas en 15 años

Desde la punta del Cabo Ortegal hasta el municipio ourensano de O Barco de Valdeorras. Los inspectores de la Xunta peinan a diario decenas de concellos para destapar las obras ilegales levantadas bajo la impunidad que durante décadas amparó a los infractores, ya fueran particulares, constructores o incluso cargos públicos. Desde que el bipartito creó en 2008 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la Xunta combate a golpe de expediente sancionador y de piquetas y excavadoras la disciplina municipal del ti vai facendo. En sus quince años de actividad, la agencia de urbanismo autonómica ha obligado a casi 1.700 propietarios a reponer la legalidad urbanística. Es decir, los dueños de edificaciones ilegales, ya sean viviendas, locales comerciales o naves levantados en suelo rústica o zona de costa no edificable, así como galpones convertidos en fines de semana, han visto reducir a escombros sus propiedades. Bien de manera voluntaria, una vez llega el primer apercibimiento de la Administración autonómica, o una vez la justicia dicta sentencia y avala la orden de derribo de la APLU.

Con el paso de los años, fueron a más los parcelas con construcciones irregulares convertidas en solares. Cuando arrancó su actividad la APLU en 2008, se ejecutaron cinco órdenes de reposición de legalidad urbanística. El balance del año pasado se cerró con 137 (30 en la provincia de A Coruña, diez en Lugo, siete en Ourense y 90 en Pontevedra. Son casi 30 veces más que cuando se puso en marcha la agencia gallega y un 24,5% más que las obras ilegales derribadas el ejercicio anterior (110), pero esta cifra se queda por debajo de las edificaciones reducidas a escombros en 2017 y 2018, años en los que se superó la barrera de las 200, con 205 y 2010, respectivamente, según las memorias anuales de la entidad autonómica.

Durante décadas imperó el todo vale en la construcción. Antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las grúas y las hormigoneras se asentaron en la costa gallega y en zonas del rural donde no se podía obrar. La política local del ti vai facendo contribuyó a este urbanismo desaforado de edificaciones ilegales, tanto en el litoral como en suelo rústico, que dejó una Galicia salpicada de galpones convertidos en casas de fin de semana, chalés y viviendas unifamiliares levantadas en áreas no urbanizables, así como naves industriales, tanatorios e incluso complejos hoteleros que se saltaron la Lei do Solo. Para tratar de poner coto al incumplimiento de la normativa y reponer la legalidad urbanística en toda la geografía gallega, la Xunta creó en 2008 la APLU. Sanción y derribo es la receta que ha contribuido a frenar las construcciones ilegales e ir hacia un territorio ordenado.

Con el paso de los años, los derribo de edificaciones ilegales que llegan a los tribunales son cada vez menos. Tal vez por concienciación de sus propietarios, que saben que tarde o temprano su vivienda o nave será reducida a escombros porque carece de licencia o fue levantada en suelo rústico o zona de costa no edificable. Pero sobre todo deciden ejecutar el derribo de forma voluntaria para evitar las multas que aumentan a medida que el expediente de demolición avanza. En los últimos años ocho de cada diez derribos llevados a cabo en Galicia se hicieron de forma voluntaria por el propietario. Pero en 2022 se alcanzó el 95% (131 reposiciones ejecutadas por los propios infractores y 6 subsidiarias por parte de la APLU).

Y es que si el propietario afectado ejecuta la demolición dentro del plazo inicialmente establecido se aplica una bonificación del 80% en la sanción. De lo contrario, la ley obliga a la Administración a imponer una serie de multas coercitivas para forzar al infractor a cumplir el derribo y si las sanciones tampoco surten efecto, es en última instancia cuando interviene la administración —la autonómica en suelo no urbano y los concellos en el resto— para ejecutar la demolición de forma subsidiaria. Desde que se creó en 2008, la agencia de urbanismo autonómico interpuso más de 6.000 multas coercitivas. El año pasado fueron un total de 317, casi un 15% más que el ejercicio anterior (78 a propietarios en la provincia de A Coruña, 79 en la de Lugo, 26 en la de Ourense y 134 en la de Pontevedra).

En la actualidad, 94 concellos están adheridos a la APLU, casi un tercio del total de la comunidad. De la provincia de A Coruña son 32, 18 de la de Lugo, 29 de Ourense y 15 de Pontevedra. Con esta colaboración, los ayuntamientos delegan en la Xunta el farragoso proceso que supone gestionar un expediente sancionador en materia de urbanismo y la recaudación se reparte entre ambas administraciones.

Casi 5.000 expedientes abiertos desde que se creó la agencia urbanística

A golpe de expediente la Xunta trata de poner fin a las edificaciones levantadas en suelo rústico o zona de costa no edificable. Con el objetivo de poner coto al urbanismo desaforado en la comunidad y que llenó de grúas la costa en pleno boom inmobiliario, la APLU persigue cada irregularidad urbanística que se comete en el territorio gallego ya que a la mayoría de ayuntamientos les resulta imposible abordar cada incumplimiento en materia de urbanismo por falta de medios materiales y humanos. En estos 15 años de actividad de los inspectores de la agencia urbanística gallega, la Xunta abrió casi 5.000 expedientes por no cumplir la legislación en materia de urbanismo y costas. En 2014 se registró el récord de expedientes incoados, con un total de 505, el único ejercicio que se quedó por encima del medio millar de propietarios bajo amenaza de sanción. El año pasado se tramitaron un total de 269, un volumen que se queda por debajo de los abiertos en el año preCOVID, que fueron 326. Si bien en 2021 fueron más que antes de que estallase la pandemia, con un total de 344, un 28% más que el año pasado. A lo largo de 2022, los técnicos de la APLU resolvieron 329 expedientes —algunos se arrastran de años anteriores—. En la provincia de A Coruña se dictaron 33 resoluciones, 56 en la de Lugo, 23 en la de Ourense y 217 en la de Pontevedra.

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