El Gobierno recurre ante el Constitucional la ley gallega de ordenación del litoral

Desde el mismo momento en que se anunció su elaboración ya se sabía que lo más seguro era que acabara recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y así ha sido. El Gobierno central ha decidido impugnar por inconstitucional la ley gallega de ordenación del litoral por la que la Xunta se arroga las competencias para gestionar la costa. Y lo hace sin convocar previamente la Comisión Bilateral Xunta-Estado, que es el órgano de negociación entre las dos administraciones que se abre cuando surge un conflicto de competencias y cuyo objeto es llegar a un acuerdo antes de solicitar el arbitraje del Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo considera que la norma "invade competencias estatales" en distintos ámbitos e "incorpora de manera unilateral el mar" a su territorio.

Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha destacado la importancia de dicho recurso, cuyo plazo espiraba el próximo 13 de octubre.

La ley del litoral creará un registro público con todas las concesiones y actividades en la costa

Un recurso muy amplio

La portavoz ha detallado que el recurso se interpone una vez escuchado y "avalado" por el Consejo de Estado. "Es un recurso muy amplio porque impugna hasta 31 artículos de esta ley, lo que supone un 40% de la misma", ha subrayado, para después añadir que el objeto es "declarar inconstitucional todos estos artículos, en su mayoría, con el aval del Consejo de Estado".

La redacción y aprobación de esta ley se hizo en contra del criterio del Gobierno central, que consideró en todo momento que Galicia tenía que reformar primeramente su Estatuto de Autonomía antes de asumir unas competencias sobre el litoral que están en manos del Estado. De hecho, el secretario de Estado de Medio Ambiente incluso calificó en su momento el proyecto de ley como “una declaración de casi independencia”.

Diferencias

En el pasado mes de julio, un día después de aprobarse en el Parlamento la ley que atribuye a Galicia las competencias para gestionar el litoral, el Gobierno central ya había salido al paso para anunciar que se pondría a examinarla “a fondo el texto legal con el objeto de “tomar las medidas oportunas”, con la vista puesta en un recurso de inconstitucionalidad.

El Ejecutivo consideraba que con esta norma, que fue aprobada con los votos a favor del PP y la abstención del BNG y del PSOE, solo creaba “un problema donde no lo había” y que además causaba “inseguridad jurídica” al sector mar-industria.

Uno de los aspectos cruciales de la ley del litoral, quizás el más importante por su impacto y alcance político, es el que atribuye a la Xunta las competencias para otorgar las autorizaciones y concesiones de todas las instalaciones y actividades ubicadas en el dominio público marítimo terrestre (DPMT), que es la zona de primera línea de mar en la que está asentada preferentemente la cadena mar-industria, además de otras actividades.