La Xunta ofertará 1.102 plazas de empleo público, de las que 606 serán de acceso libre

La Xunta aprobó ayer la oferta de empleo público correspondiente a este año para la administración general y las entidades instrumentales. Se convocarán 1.102 plazas, de las que más de la mitad serán de acceso libre. En concreto, 606 puestos estarán abiertos a cualquier aspirante que quiera trabajar en la Xunta, habrá otras 309 plazas para promoción interna y se incluyen otras 187 para funcionarizar a personal laboral.

El jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, destacó que “se agota un año más la tasa de reposición” permitida por el Gobierno central para cubrir jubilaciones, fallecimientos, renuncias, excedencias o bajas producidas por concursos de traslados a otras administraciones.

El decreto de convocatoria de la nueva oferta de empleo público cuenta con el voto favorable de los sindicatos CCOO y UGT. Entre las plazas de acceso libre el mayor número se concentra en el ámbito de la lucha y prevención contra incendios forestales pues acabaran más de la mitad de los 606 puestos ofertados. En total serán 334 las aplazas para las categorías de bombero y peones forestales.

Se convocarán también 94 empleos para el cuerpo de superior, de gestión y administrativo, así como personal subalterno, entre otros. Se ofertarán otras 10 plazas para reforzar el personal del Igape (4) y el Instituto para o Control do Medio Mariño (6). Y para la administración especial se ofertan 168 puestos, entre los que destacan 40 para la escala de agentes técnicos en gestión ambiental, 30 para veterinarios, 25 de auxiliares de clínica o 15 para psicólogos o enfermeros. Además se seguirá con el proceso de funcionarización por el que se quiere convertir al personal laboral que trabaja en la Xunta en funcionarios. En esta convocatoria se ofertarán 187 puestos.

Por otro lado, los empleados públicos de la Xunta percibirán ya en su nómina de noviembre el incremento retributivo acordado por el Gobierno del 0,5% para compensarlos por los efectos de la inflación. La Xunta abonará ya este incremento que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023.

Esta subida se suma a otro aumento previsto del 2,5% para este año, de manera que el coste total del incremento de las retribuciones para la Xunta será de 23,8 millones y supondrá un aumento medio de 180 euros por empleado público.

El Consello de la Xunta acordó ayer también la creación de una nueva unidad especializada de agentes medioambientales para velar por la protección y conservación de la Galicia verde. Estará compuesta por 8 efectivos y será la primera brigada creada exclusivamente para investigar, coordinar e intervenir ante infracciones relativas a la conservación natural, la caza y la pesca y la detección de uso ilegal de venenos.

La Xunta avanzó ayer el inicio de la tramitación de la nueva Lei de Cooperativas que tendrá entre sus objetivos facilitar su creación y disolución, profesionalizarlas y digitalizarlas, así como fomentar la incorporación de las mujeres a los órganos de gestión. También se aprobó una Estrategia para impulsar el empleo autónomo por 360 millones.

Sanidade consensuará con la comunidad educativa hasta dónde prohibir los móviles

“Si me preguntaran hace cuatro años hasta le podría dar una opinión como padre del uso de los móviles. Ahora mis hijas ya son mayores”, reflexionó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en relación a la decisión avanzada por el conselleiro de Sanidade de ampliar las restricciones al uso del móvil en los colegios. Rueda señala que hay “una tendencia mayoritaria a que debe regularse y no permitirse el uso del móvil al libre albedrío”.

En Galicia ya se prohíbe su uso durante las clases, salvo por motivos didácticos, pero Sanidade es partidaria de ampliar esa restricción, lo que podría afectar por ejemplo a los recreos. “Está sobre la mesa”, confirmó ayer Rueda, que aclaró que, en todo caso, esa regulación debe consensuarse con la comunidad educativa y las familias. “Hasta dónde debe llegar la prohibición es algo que deberíamos hablar y ver si se debería prohibir de forma más taxativa”, apuntó.

Rueda se refirió ayer también a la decisión del Constitucional de admitir a trámite el recurso contra la Lei do Litoral. Según dijo, afecta solo al 15,5 por ciento de la norma. Y denunció que es “un recurso político con intención de perjudicar a Galicia”. Además volvió a enfriar la posibilidad de un adelanto electoral en Galicia al asegurar que la situación política estatal le “reafirma” en la necesidad de “aislar” a Galicia del “desgobierno” de la política estatal.

Entidades sociales gestionarán los geriátricos cedidos por Ortega

Dos de las siete residencias financiadas por la Fundación Amancio Ortega y cedidas a la Xunta empezarán a funcionar en el primer trimestre de 2024. La de Santiago ya está finalizada y la de Lugo lo estará en breve. Estos centros pasarán a manos de la Administración autonómica, pero el Gobierno gallego no los gestionará directamente sino que los cederá a entidades de iniciativa social. Desde los sindicatos se ha criticado a la Xunta por privatizar la gestión de estos centros. El presidente de la Xunta explicó ayer, sin embargo, que se sacará a concurso su gestión pero estará reservada para entidades sociales. El contrato será por dos años, prorrogable un año más, y el presupuesto total será de 10,9 millones. “Las plazas seguirán siendo públicas”, defendió Rueda. La apertura de estos dos nuevos centros permitirá ampliar el número de plazas disponibles en 240.

Siete patologías más tendrán tiempos máximos de espera

Sanidade incluye siete nuevas patologías en el grupo de dolencias sujetas al decreto de tiempos máximos de espera. Esta norma establece que las consultas con el especialista serán antes de 45 días y las intervenciones en un plazo máximo de dos meses. En la actualidad hay 108 patologías amparadas ya por estos tiempos máximos de espera. Se sumarán la neoplasia maligna de útero, la displasia de cuello uterino y cuatro tipos de linfoma.

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