El peaje de la AP-9 entre A Coruña y Vigo se elevará hasta los 19 euros a partir de 2024

Como cada mes de noviembre, las luces de Navidad comienzan a engalanar las calles de las ciudades, las compras se aceleran en el Black Friday y los conductores gallegos vuelven a hacer cuentas con el tarifazo que llegará con el nuevo año en la Autopista del Atlántico. Las previsiones de la subida del IPC para este 2023 y el canon anual del 1% que debe recibir Audasa por la ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago elevaría hasta casi un 5% las tarifas el 1 de enero, de forma que el precio por circular por la AP-9 entre A Coruña y Vigo alcanzaría los 19 euros por viaje.

Todo ello quedaría supeditado, no obstante, a la decisión del Gobierno sobre la limitación al 4% en las subidas que deben asumir los conductores de forma directa y a las tarifas que aprobará el Consejo de Ministros en el mes de diciembre. En cualquier caso, el resultado será el mismo: la concesionaria siempre ganará en sus cuentas. Según la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), la tasa de media anual de inflación para este 2023 se situaba en el 3,8% en el mes de octubre; aunque el dato definitivo que se usará como base se dará a conocer hoy miércoles. A este porcentaje hay que sumar, como cada nuevo año, el 1% acordado por el Real Decreto 1733/2011 aprobado con José Blanco como ministro de Fomento y que entró en vigor el 1 de enero de 2018, cuando las obras de ampliación de Rande aún no habían culminado.

Si aplicamos ese incremento máximo del 4,8% a las tarifas estrenadas el pasado 1 de enero veremos incrementos notables. Recorrer los poco más de 150 kilómetros entre A Coruña y Vigo pasaría de los 18,15 euros a 19; mientras que el recorrido íntegro desde Ferrol hasta la frontera portuguesa en Tui alcanzaría los 27,70 euros. El coste entre A Coruña y Santiago llegaría hasta los 7,8 euros y entre la ciudad coruñesa y Ferrol pasaría a 5,5 euros.

De esta manera se repetirá la situación vivida hace un año, aunque con algunos matices. La descomunal inflación originada tras el estallido de la guerra de Ucrania (8,46%) provocó que Audasa reclamara un tarifazo que rozaba el 9,5%. Doce meses después, y pese a la estabilización de los precios, el resultado final sería similar.

Estos incrementos máximos serían, en cualquier caso, en las cuentas de Audasa. En el último Consejo de Ministros de 2022 se decidió que los conductores “solamente” asumirían un encarecimiento del 4% en cada revisión tarifaria, mientras que el montante restante se pagaría directamente a las concesionarias. A pesar de que las ayudas recogidas para contener inflación en el RD 20/22 se van a ir minorando hasta desaparecer antes del 1 enero 2027, en el cómputo global Audasa siempre saldrá beneficiada. La empresa tiene la garantía de que cada año podrá subir los precios en base al IPC, el 1% pactado y contar además con la garantía a su “equilibrio patrimonial” por parte del Gobierno. Un negocio redondo. A ello se suma la investigación de la Comisión Europea por la prórroga de la concesión de la columna vertebral de la Galicia occidental hasta el 2048.

Mientras tanto, los beneficios de Audasa se han visto regados con dinero público de forma recurrente. Según las cuentas presentadas este verano, solamente en los primeros seis meses del año había recibido 28,3 millones en base a la limitación de tarifas ya citada (4,283 millones), las bonificaciones a usuarios recurrentes del RD 681/2021 (17,901 millones) y los peajes en la sombra descontados a los conductores (6,116 millones de euros).

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