La Xunta calcula que 92 concellos podrían ser declarados zonas tensionadas para el alquiler

Hasta un tercio de los concellos de Galicia cumplen los requisitos fijados por la Ley de Vivienda para ser declarados zonas tensionadas, lo que permitiría poner topes al alquiler en estas zonas. Es el cálculo que ha realizado el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) que cifra en 92 los ayuntamientos susceptibles de acogerse a esta medida, si se tiene en cuenta el Indicador de Accesibilidad a la Vivienda del Estado. Sin embargo, si se utilizan los datos de las fianzas de arrendamientos depositadas en el IGVS la cifra bajaría a 68 municipios (el 20 por ciento del total).

La Ley de Vivienda establece que para poder declarar una zona como tensionada deben cumplir al menos uno de estos dos requisitos: que la carga media del coste de la hipoteca o el alquiler, más los gastos y suministros básicos supere el 30 por ciento de la renta media de los hogares o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos superior al crecimiento del índice de precios de consumo.

Pero a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda no le convencen estos indicadores para determinar en qué zonas hay más problemas de accesibilidad a a la vivienda.

Así, alega que, según el estudio elaborado por el IGVS y que ayer presentó ante el Consello del Observatorio da Vivenda, entre los concellos que podrían ser declarados zonas tensionadas hay municipios como Coirós, Rodeiro o Amoeiro, con menos de 2.500 habitantes y una media inferior a 100 viviendas construidas en cinco años. Por esta razón, la vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, criticó ayer la “nula fiabilidad” y la “falta de rigor” de la Ley de Vivienda.

Desde la Xunta siempre se mostraron críticos con esta norma estatal y son contrarios a la declaración de zonas tensionadas que, según alegan, es una fórmula que ya demostró “su ineficacia en otros países”.

¿Qué conlleva la declaración de una determinada área como zona tensionada? En estas zonas se impondrán topes tanto a los nuevos alquileres como a los contratos vigentes. Así, los propietarios de viviendas en estas áreas solo podrán subir el precio del arrendamiento un 3 por ciento en 2024.

Y los pisos en propiedad de un gran tenedor —que posea más de cinco viviendas— no podrán superar el límite máximo marcado por el sistema de índices de precios de referencia correspondiente. A partir de 2025 ya no se tendrá en cuenta el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler, como ocurría hasta ahora. Este indicador será sustituido por uno nuevo más estable e inferior a la evolución del IPC, que será elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En todo caso, la ley deja este instrumento en manos de las comunidades autónomas. En Galicia la conselleira de Medio Ambiente insiste en que la Xunta no declarará de oficio ningún área tensionada. Sin embargo, pese a su rechazo inicial, ha abierto la puerta a que los concellos interesados puedan solicitarlo.

Para ello ha modificado, a través de una enmienda a la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2024, la Lei de Vivenda de Galicia de 2012 para introducir el procedimiento que deben seguir aquellos ayuntamientos que quieran declarar zonas tensionadas y poner topes al alquiler. Ángeles Vázquez explicó ayer que la Xunta no va a ser un obstáculo para que se declaren estas áreas en aquellos ayuntamientos que lo deseen siempre que lo acrediten con datos y criterios técnicos. Para ello deberán constituir una mesa sectorial, con presencia de los colegios profesionales, administradores de fincas, agentes inmobiliarios y promotores. Con todo, será la Xunta la que “tenga la última palabra” al respecto. De momento, solo el ayuntamiento de A Coruña ha solicitado formalmente la declaración de zona tensionada.

La conselleira defiende, en todo caso, que “no es la solución” a los problemas de la vivienda y constató que se está detectando que un porcentaje de viviendas están abandonando el mercado del alquiler “por la inseguridad jurídica generada”.

Suscríbete para seguir leyendo