Los peajes de la AP-9 subirán más que en 2022 pese al alivio del IPC para compensar a Audasa

Aunque la inflación se anotará previsiblemente en diciembre una tasa interanual del 3,1% en el conjunto de España, la cesta de la compra continúa en niveles tan estratosféricos que bloquea en los hogares cualquier atisbo de sensación de mejoría económica. Y es cierto que buena parte de los componentes de gasto de las familias sí está en descenso, porque están más baratos los combustibles, la electricidad o el gas, y también el turismo ha contenido el avance de sus precios. Pero a la vuelta de la esquina asoman unas medidas que van a poner en evidencia dos cuestiones: que el atracón inflacionario de los últimos meses tardará en digerirse y que la concesionaria de la autopista AP-9, de nuevo, saldrá ganando. Las tarifas de esta carretera, que vertebra de norte a sur el arco atlántico gallego sin ninguna vía alternativa, subirán a partir del lunes sustancialmente por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC). Adiós al colchón de los Presupuestos Generales del Estado, que para este 2023 contuvieron el alza de los peajes en un 4%. El trayecto entre A Coruña y Vigo escalará ya hasta, al menos, los 19 euros. La concesionaria, Autopistas del Atlántico (Audasa), podrá engordar sus beneficios récord.

Hay que tener en cuenta varias cuestiones que explican por qué, pese a que la inflación está muy por debajo de la del ejercicio pasado, el tarifazo en los peajes va a ser mayor. En primera instancia, las concesionarias de autopistas estatales (son diez) han trasladado al Gobierno que las tarifas deberán subir un 4,03%. Utilizan para ello un método de cálculo propio, validado hace veinte años, que funciona como una especie de IPC propio. Para el caso de la AP-9 habrá que añadirle un punto adicional, que se facilitó a Audasa en compensación por las obras de ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago. Es 1% se tenía que haber empezado a aplicar con las obras del puente ya rematadas (2018), pero no fue así para tormento de los usuarios; este sobrecoste se repercutirá a los conductores hasta el año 2038.

Y en tercer lugar está una herencia. Este año que termina los peajes en la AP-9 se encarecieron, para el usuario, en torno a un 4%. En realidad las tarifas se revalorizaron en un 9,46% (equivale al IPC más ese 1% de las obras de Rande), solo que la mayor parte de esta subida la asumió el Estado con cargo al erario público. Audasa no sufrió pellizco alguno en sus ingresos. Y esa compensación extraordinaria, aprobada vía Real Decreto, hay que devolverla. Ahora bien, ¿en cuánto quedará definitivamente la subida? Habrá que esperar a que el Gobierno lo determine vía orden ministerial. El titular de la cartera de Transportes, Óscar Puente, no quiso anticipar cifras ayer, durante su visita a Lugo. “Tendrá que ser un poquito superior a la del año pasado porque tenemos ese IPC acumulado que debemos subir”, exhortó. Fuentes de la concesionaria abundaron que no podrán informar de las nuevas tarifas hasta el mismo domingo.

El anticipo de Puente ya cosechó las críticas del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. “No es solo que se suba con el IPC, sino que va a subir más todavía y eso lo van a tener que pagar los usuarios. Sinceramente no lo esperaba, es otra muestra más de cómo se toman a Galicia desde el Gobierno central”. A su juicio, Madrid podría haber congelado tarifas. “Una decepción”, censuró. Al otro lado de la frontera, los peajes (o portagens) en las principales vías de Portugal concesionadas a Brisa (Porto-Lisboa o Porto-Valença) se encarecerán solo un 2,1%, informó la compañía.

Sea cual sea la subida final para la AP-9, será sin duda la tercera mayor escalada en los peajes desde la privatización de la autopista, solo por detrás de la del año 2012 (13,79%) y la de 2023 (9,46%). Una miríada de reales decretos han salvaguardado los intereses de Audasa en los últimos veinte años —a cargo de gobiernos tanto del PP como del PSOE—, incluido el que prorrogó la concesión hasta 2048 y que está bajo investigación por parte de la Comisión Europea. Durante el ejercicio fiscal de 2022 la gestora de la AP-9 se embolsó un beneficio récord de 66 millones de euros, a sumar a otros más de 300 millones ganados desde 2015 y que no sirvieron, no obstante, para reducir su elevada carga de deuda.

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