La Xunta pide al Estado once barcos, un avión y un minisubmarino para buscar los pélets

El desencuentro entre el Gobierno central y la Xunta sobre la gestión de la marea plástica subió ayer un par de peldaños de golpe, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones autonómicas. El cruce de declaraciones y acciones no cesa. Mientras en Asturias el Principado y el Ejecutivo central acordaron ayer la movilización de seis equipos para trabajar juntos en la retirada de los pélets de resina, el Ministerio para la Transición Ecológica sostenía que en Galicia no había de momento tal colaboración ni otra actuación porque la Xunta no había concretado su petición de ayuda al Estado, que se reducía a una solicitud genérica de recoger los gránulos en alta mar, una intervención, por otra parte, que considera “prácticamente imposible”.

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Ante esta postura el Gobierno gallego movió ficha. Hasta el martes no decretó el nivel de alerta 2, el que permite reclamar ayuda al Estado, pero ayer por la tarde concretó su demanda: pide activar once buques, un avión, dos helicópteros y hasta un minisubmarino de control remoto para recoger los pélets en el mar y localizar y sellar en el fondo el contenedor caído del mercante que portaba las bolsas con los gránulos plásticos. Pero de momento, no pide personal ni medios para limpiar las playas.

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El Ejecutivo gallego se mantiene en su tesis de que la mejor forma de recoger los elementos contaminantes es en el mar, para lo que es necesario inspeccionar la zona en la que el mercante Toconao perdió parte de su carga a principios de diciembre frente a la costa portuguesa. La Xunta calcula que aún quedan unos 900 sacos —con 25 kilos de pélets cada uno— por recuperar, y que por ello es necesario el despliegue de “todos los medios aéreos y marinos disponibles”.

El día arrancó con la reacción del Gobierno a la declaración de alerta de nivel 2 de Galicia. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicaba que la petición de ayuda no se concretaba “en nada particular, salvo una referencia general” a que el Gobierno central haga “esfuerzos para recoger los pélets en alta mar”.

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“Cosa que, como el mismo conselleiro do Mar, Alfonso Villares, reconocía en la carta que envió a los ayuntamientos, es imposible por el tamaño de los pélets, salvo que hubiera bolsas de gran tamaño que se hubieran podido identificar”, subrayó la ministra, mostrando su postura reacia a salir al mar a recoger los plásticos.

En este sentido, indicó que Salvamento Marítimo había hecho ya “unos cuantos vuelos de reconocimiento” y visionado imágenes por satélite sin que se pudiera descubrir nada. “No son visibles y muy difícilmente se van a poder recoger en el mar. Es prácticamente imposible”, dijo. La mejor opción, a su criterio, es esperar que lleguen a tierra. En cuanto a la ayuda que se pueda prestar a Galicia, la ministra dijo que primero la Xunta tenía que “especificar la manera” de hacerlo.

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El presidente gallego, Alfonso Rueda, así como la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el de Mar, Alfonso Villares, se afanaron ayer de descalificar la postura del Gobierno central, al que acusan de avisar demasiado tarde del vertido al mar y de no tomar las medidas necesarias.

La réplica llegaba desde el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien afirmó que la marea plástica de pélets no es el Prestige ni son las mismas circunstancias, “pero que la gestión del PP es idéntica: esconder la cabeza y mentir”.

Por la tarde, la Xunta formalizó al Estado la petición concreta de ayuda. No se incluye el apoyo para limpiar en tierra las playas: solo se pide contar con un retén de personal en la reserva por si hace falta en otro momento, pensando en que las corrientes y el viento arrojarán más gránulos a los arenales este fin de semana. Pero sí se reclama un gran despliegue de medios. En la carta enviada a la Delegación de Gobierno, la Xunta solicita la intervención de cuatro buques de Salvamento Marítimo, el Don Inda, el María Pita, el SAR Gavia y el Guardamar Urania, así como otros siete barcos de intervención rápida de la clase Salvamar. Reclama también que se movilice el avión CN 235-300 Rosalía de Castro, especializado en la detección de vertidos, y dos helicópteros Helimer de Salvamento Marítimo.

La petición al Estado incluye el envió de un robot submarino hasta el lugar en el que se hundieron los contenedores, frente a Portugal para localizar, sellar y cortar la fuente de contaminación. Rueda considera que la postura del Gobierno de exigir que fuese la Xunta la administración que indicase los medios es una “excusa más” puesto que “los conoce de sobra” por lo que el criterio del Gobierno, a su juicio, es “bastante surrealista”. “El Gobierno debe buscar sacos en el mar cuanto antes. Eso es lo que tenía que estar haciendo desde el 8 de diciembre porque fue cuando el Gobierno de Portugal se lo comunicó”, censuró.

Los gránulos de plástico han llegado a arenales de 33 concellos, según el recuento de la Xunta: A Coruña, A Guarda, A Illa, A Laracha, A Pobra, Ares, Arteixo, Barreiros, Bueu, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Cangas, Carballo, Carnota, Cee, Ferrol, Fisterra, Laxe, Malpica, Miño, Muros, Muxía, Nigrán O Grove, Oleiros, Ortigueira, Outes, Porto do Son, Ribeira, Sada, Sanxenxo, Valdoviño, Vigo y Xove.

Un juzgado abre diligencias por posible delito y la Fiscalía reclama datos al Seprona y al Ejecutivo gallego

Transcurrido más de un mes desde el extravío de la carga del mercante, el 8 de diciembre de 2023, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Noia (A Coruña) acordó ayer incoar diligencias por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el vertido de millones de granzas. La jueza ha actuado así tras la denuncia interpuesta conjuntamente por la Fundación Montescola, Ecoloxistas en Acción y la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia, que se ha acumulado a la que también presentó Podemos. La magistrada ha ordenado oficiar a la Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que remita al juzgado un informe en el que se consignen “los datos recabados en relación con la titularidad de la embarcación Toconao. Por su parte, el fiscal de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo ha ordenado también las primeras diligencias para investigar el vertido de pélets al pedir muestras de estas bolitas de plástico e información a la Xunta “sobre la llegada y detección del material potencialmente contaminante a las costas gallegas”, especialmente en los parques naturales. Según el escrito al que ha tenido acceso EFE, el fiscal señala que el Seprona ha actuado de oficio y le pide que se ponga en contacto con las comandancias de la Guardia Civil “territorialmente implicadas para que aporten las actuaciones practicadas por ellas hasta la fecha” en relación con los gránulos. Solicita, además, que se proceda a la “toma de muestra del material potencialmente peligroso y el análisis del mismo”, así como a determinar cuándo y dónde aparecieron los pélets. También le pide al Seprona que le indique en qué consisten los análisis ya realizados y cuál es el resultado.