Una cuarta parte de los gallegos se halla en riesgo de pobreza, el porcentaje más alto de la década

Uno de cada cuatro gallegos estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2023, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de su Encuesta de Condiciones de Vida. Aunque la tasa Arope que mide ese riesgo, situada en concreto en un 25,5% se hallaría por debajo de la estatal (26,5%), sería casi dos puntos más a la registrada un año antes, aunque hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó de febrero a mayo de 2023, un ejercicio en el que la inflación achicó los bolsillos de los ciudadanos en un contexto de tipos de interés al alza.

Galicia no solo retrocedió en el indicador general, sino que empeoró en dos de los tres parámetros que lo integran. La tasa Arope se construye con la población que se halla, como mínimo, en una de las siguientes situaciones: en riesgo de pobreza —que no pobre: se fija el umbral del 60% de la mediana de ingresos—, y que se situaría en un 19,5%; en hogares con baja intensidad de empleo (7,5%, el dato más bajo en diez años) y con carencia material y social severa. Este último componente alcanza también el tope en Galicia en diez años, un 8,2%.

El concepto de carencia severa se refiere a quienes padecen al menos siete limitaciones de un listado de trece, algunas de ellas definidas a nivel de hogar y otras de ámbito personal. Entre las primeras se encuentra, por ejemplo, el no poder permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada. En ese aspecto en particular, la comunidad gallega vuelve a anotar otro máximo: en una de cada cinco casas se pasa frío o calor. El examen de la carencia material cuantifica también los hogares que no pueden permitirse vacaciones, los que no pueden darse el lujo de comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, aquellos que carecen de capacidad para afrontar gastos imprevistos o tienen que aplazar el abono de recibos básicos vinculados con la vivienda o los que no pueden pagarse un coche, un ordenador o sustituir muebles viejos.

A lo que más familias gallegas renuncian son las vacaciones: un 38% de familias no puede tomarse ni una semana al año, cinco puntos más que la media estatal, pero un punto menos que en 2022. Ligeramente, una décima, hasta el 4,5% (frente al 6,4% estatal) retrocede con respecto al año previo el porcentaje de hogares a los que no les da el presupuesto para incluir proteínas en su dieta varias veces por semana. Por otro lado, se reducen dos décimas los hogares que no pueden asumir gastos inesperados (hasta un 29,1%, ocho puntos por debajo del dato global). Una proporción casi similar (27,7%) estira sus viejos muebles aunque estén deteriorados por no poder adquirirlos nuevos y en siete de cada cien hogares (7,5%) han tenido que posponer recibos como el de la hipoteca, el del alquiler o el del gas, igualmente por debajo y a distancia de la cifra estatal (11,7%).