El BNG lanza sus primeras propuestas: una empresa energética y una tarifa gallega

Pontón recupera dos medidas clásicas de su discurso para mostrar la iniciativa como líder de la oposición | “Crearía riqueza y empleo”, alega

El BNG quiso mostrar ayer no solo que lidera la alternativa a la Xunta del PP, pues cuenta con 25 escaños frente a los 9 del PSdeG, sino que la mayoría absoluta cosechada por los populares de Alfonso Rueda el 18-F no frenará su iniciativa. Por ello, registró ayer sus primeras iniciativas legislativas para esta XII Legislatura: la creación de una compañía eléctrica “100 % pública” y de una tarifa para los residentes en Galicia.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, acudió al registro del Parlamento para tramitar esas propuestas clásicas de su discurso acompañada de varios compañeros de grupo. Tras ello, destacó que las dos proposiciones de ley buscan colocar la riqueza energética de Galicia al servicio de las familias y de las empresas del país “frente al negocio privado y especulativo de unas pocas multinacionales”, según informa Efe.

“Queremos que la energía y los recursos naturales estén al servicio de la sociedad”, insistió la nacionalista, que subrayó que una tarifa de la luz más baja no solo aliviará los costes energéticos de las familias de una comunidad que exporta gran parte de al energía producida y soporta los costes ambientales de su generación, sino que será un revulsivo económico de gran impacto que permitirá al territorio “ser más competitivo y crear empleo y riqueza”.

La dirigente del Bloque incidió en la importancia de estas cuestiones, tumbadas siempre por la mayoría absoluta del PP, ya que sigue siendo una “materia pendiente” que Galicia y sus ciudadanos puedan “beneficiarse de la riqueza eléctrica” del territorio para poder acceder a los “beneficios” de la energía y no solo a los “perjuicios” como hasta ahora.

La nacionalista recordó que otros países europeos como Italia, Francia, Noruega o Suecia cuentan con empresas públicas de energía. Adoptar una en Galicia supondría “situar los recursos energéticos como bienes públicos al servicio del país frente al negocio privado y especulativo de una presa de multinacionales”.