El proceso extraordinario podrá regularizar hasta 10.000 inmigrantes en la comunidad

Gobiernos del PSOE y del PP han recurrido desde los años ochenta a regularizaciones extraordinarias de inmigrantes para acabar con crecientes bolsas de ciudadanos sin derechos y luchar contra la economía sumergida. Fueron ocho veces, lo que se tradujo en que más de un millón de migrantes consiguieron sus papeles. Ahora, el Congreso ha acordado esta semana tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 extranjeros irregulares en España. En el caso de Galicia, este proceso —que sería el noveno—, permitiría la regularización de entre 8.000 y 10.000 extranjeros que actualmente carecen de papeles por estar en situación ilegal, según las estimaciones del Foro Galego da Inmigración.

Su portavoz, Miguel Fernández, sostiene que se trata de una comunidad “bastante estable” y que en su gran mayoría procede de Latinoamérica por los lazos y la vinculación que Galicia ha tenido siempre con esa tierra. “Tienen interés en desarrollar su proyecto de vida en Galicia y se mueven poco”, asegura.

No obstante, esos 10.000 inmigrantes irregulares asentados en la comunidad autónoma es un porcentaje pequeño con respecto al medio millón del conjunto de España que podría beneficiarse de este nuevo proceso extraordinario. La razón es que Galicia, cuenta el portavoz del Foro, resulta poco atractiva frente a las mayores oportunidades laborales que hay en Madrid, Barcelona, el Levante o Andalucía.

El número de los establecidos en Galicia no experimenta grandes variaciones. En 2021, tras un año marcado por la pandemia y las duras restricciones a la movilidad, el Sergas llegó a contabilizar 12.000 inmigrantes irregulares. Y los registró porque desde el verano de 2018 los servicios públicos están obligados a dar protección sanitaria a las personas sin permiso de residencia en España. Para ello, solo debían presentar un certificado de empadronamiento en un ayuntamiento gallego y demostrar una antigüedad de residencia de, al menos, seis meses.

Desde entonces, ha habido un ligero descenso, porque se van regularizando situaciones que por término medio duran entre tres y cuatro años y porque también ahora se recurre en mucho mayor medida a la petición de asilo.

¿Cómo llegan a Galicia estos migrantes? Lo normal, dice Miguel Fernández, es que entre el 90% y el 95% lo hagan como turistas y pasados los tres meses no regresan a su país y pasen a convertirse en ciudadanos en situación ilegal. Por lo general, además, son familias extensas con menores a cargo. El sistema español les da asistencia sanitaria y también educación, pese a tener la condición de irregulares, pero, eso sí, no obtienen ningún título hasta que regularizan su ciudadanía.

Como lugares de residencia eligen mayoritariamente Vigo, A Coruña y Santiago y sus áreas periféricas. La razón resulta obvia, indica el portavoz del Foro Galego da Inmigración. Las ciudades son las zonas donde hay más oportunidades de trabajo y como tienen dificultades para acceder a una vivienda por falta de recursos, pues se desplazan a la periferia para vivir.

Economía sumergida

Fundamentalmente se dedican a servicios de cuidados y trabajo doméstico y, en menor medida, a la hostelería y pequeñas reformas en casas, pero sin participar en grandes empresas de construcción porque en ese sector la situación está muy controlada. Se mueven, por lo general, en la economía sumergida.

Como tienen necesidad de encontrar rápido una fuente de ingreso y esto es más fácil —en teoría— en las ciudades, los inmigrantes no funcionan como recurso para intentar paliar la despoblación de áreas rurales. “No es una opción muy realista como pretende hacer ver alguna administración, porque el asentamiento en el rural es un proyecto a medio y largo plazo y estas personas necesitan un trabajo inmediato”, explica Miguel Fernández.

La última regularización extraordinaria se realizó hace nueve años. Fue en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que la pactó con todas las fuerzas políticas —menos el PP—, los agentes sociales y las ONG, y que “legalizó” a casi 578.000 extranjeros, según las cifras que ofreció el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La que ahora ha comenzado a tramitarse en el Congreso nace una iniciativa popular y ha sido apoyada por todos los partidos menos Vox. No obstante, el texto final seguro que es bastante distinto al entrante, ya que los grupos parlamentarios introducirán enmiendas para delimitar al detalle su aplicación.