La Valedora do Pobo atendió la queja de una vecina que pidió su intermediación ante las elevadas facturas de agua que había recibido su abuela, una nonagenaria de Arteixo, como consecuencia de una fuga en la red interna de suministro que se había producido en su domicilio. Ante este caso, solicitó al Concello que incorporase a las tarifas de suministro de agua “una respuesta ajustada a la situación de pérdidas por averías o defectos de construcción o conservación de las instalaciones interiores”. Ahora el Gobierno local, en respuesta a esta petición, explica que ya tramitaba una nueva norma del servicio de abastecimiento en la que incluye una ampliación del plazo para acometer las reparaciones correspondientes y así aceptar la rebaja del recibo prevista ya en la ordenanza.
La norma vigente establece que en caso de producirse una fuga en la red interna del contribuyente que provoque un incremento desproporcionado, superior al quíntuplo del volumen medio de los períodos de facturación inmediatamente anteriores, se aplicará la tarifa correspondiente a este promedio siempre y cuando se adopten las medidas oportunas para solventar la avería. Para ello, el afectado deberá adoptar “las medidas necesarias para reparar la fuga dentro del plazo de dos meses contados” desde la realización de la liquidación de la tasa. Para lograr la bonificación, el vecino debe entregar la factura de la reparación y del justificante bancario de pago.
Tras la petición de la Valedora do Pobo, el Ejecutivo municipal señala que la nueva ordenanza que prepara incluirá una ampliación de dos a tres meses para “así facilitar el plazo de arreglo de la supuesta fuga que tiene el domicilio”. El Concello indica que los técnicos que acuden a comprobar los consumos solo pueden verificar las lecturas que registra los contadores, sin saber las causas del posible incremento. Para ello, se solicitan las facturas de la reparación de la fuga registrada en el domicilio.
Sobre el caso de la nonagenaria afectada por una fuga en su casa durante tres trimestres durante el año 2020, la Valedora pidió que se valorase “la posibilidad de reducir el importe exigido” al cuarto trimestre del 2020 y el primer trimestre de 2021 por el consumo producido a consecuencia de la fuga porque el Concello no aceptó ciñéndose a los requisitos de la norma. La respuesta del Gobierno local es que no hay “posibilidad legal de saltarse” la ordenanza y que si lo hiciera, “muchas más personas podrían acogerse a este tipo de precedentes e intentar justificar consumos muy altos” sin poder verificar el origen.
