Dositeo Rodríguez Gómez defiende su inocencia en el proceso que ha llevado al juzgado a citarle como acusado por posible estafa, junto al presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña y promotor, Antonio Fontenla, y al constructor Manuel Gómez Landeira, por la operación inmobiliaria frustrada en Vilaboa, por la que 21 familias se quedaron sin los terrenos que cedieron en permuta en 1999 y sin los pisos comprometidos a cambio. “Yo no tengo ninguna culpa penal por fraude. No hubo ninguna mala fe en esto y lo voy a demostrar. Yo a movidas raras no me presto”, asevera Rodríguez Gómez.
Tuvo parte en el proceso en calidad de apoderado de Aparcamientos Monelos, empresa de Antonio Fontenla, cuando se firmó la concesión del crédito —por un millón de euros, al 1% de interés y a devolver en dos meses— a Naiguata, de Gómez Landeira, con los terrenos de Vilaboa como garantía, que acabaron en manos de Fontenla ante el impago de Naiguata. Para esos suelos, Fontenla y Landeira tramitaron juntos, después, en el Concello de Culleredo, que dio luz verde, un estudio de detalle para construir un edificio de viviendas, en los mismos terrenos que deberían haber ganado edificabilidad con un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que todavía hoy sigue empantanado.
“Estoy deseando ir a juicio y demostrar que fue todo en A, clarito, declarado e hipotecado. Si fuera un fraude no se haría con dinero en A, habría que es estúpido”, argumenta Rodríguez Gómez. “A mí me gusta hacer las cosas bien. Es duro para mí, una persona con la conciencia tranquila, ir al juzgado a declarar como imputado”, afirma. “Es un orgullo para mí ser apoderado de 82 personas, algo bueno debo de tener. Y presido 17 empresas”, añade.
El exapoderado de la empresa de Fontenla asegura que no conocía a Landeira. Fue un abogado de Vigo conocido suyo quien se lo presentó, cuenta. “Hablé con Fontenla, yo no quiero líos y era mucho dinero. Lo teníamos y Landeira planteaba devolverlo en un mes, porque era una operación puente, aunque al final no vino el puente”, relata Rodríguez Gómez, quien incide en que se planteó el crédito con hipoteca para tener garantías del cobro. Y, aún así, afirma, “quedaron sin cobrar 400.000 euros”. “Se recuperaron 600.000 euros porque no hay de dónde cobrar todo. El resto de bienes tenían una carga hipotecaria importante”, apunta.
“Si no cobro, como apoderado tengo que ejercer mi derecho para cobrar. Otra cosa es que los dueños de los terrenos no hicieran bien las cosas”, apunta Rodríguez Gómez. Cuestiona la ley penal por la que se incluye en la causa a personas que pueden verse perjudicadas aunque, como él, sostiene, no tengan culpa penal. “He aportado pruebas al juzgado”, asegura. Rodríguez Gómez ha sido citado como acusado, junto a Fontenla y Landeira, para el juicio oral que comenzará el 13 de junio, después de que la Audiencia Provincial estimara el recurso de apelación de varios afectados y reabriera la causa, que el juzgado de primera instancia archivó en 2017.
