El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, afea al Concello de Bergondo su inacción ante las quejas vecinales por los ruidos procedentes de un establecimiento para la celebración de eventos. El responsable de velar por los derechos de la ciudadanía ha remitido un escrito al Ayuntamiento en el que le insta “activar los mecanismos necesarios” para realizar una comprobación de las molestias por el ruido procedente de una finca en la que se celebraban bodas y otro tipo de encuentros que suscitaron reiteradas quejas vecinales.
El Defensor del Pueblo no da por buenas las explicaciones del Ayuntamiento, que alegó que no disponía de medios técnicos ni personales para realizar las mediciones de los niveles de ruido, dado que no dispone de policía de noche. El organismo estatal recuerda al Concello que la licencia de actividad que concedió a este establecimiento estaba condicionada a la adopción de medidas para evitar el exceso de ruido y que si las emisiones no se controlan “podría estar incumpliéndose la normativa sin que el Ayuntamiento estuviese actuando frente a la contaminación acústica denunciada”.
El responsable estatal de velar porque no se vulneren los derechos de los ciudadanos incide en que la Ley de Emprendimiento y de la Competitividad Económica de Galicia prevé que la competencia administrativa en materia de control de las actividades se extienda a las facultades de comprobación, inspección y sanción y que el decreto que regula las actividades recreativas de Galicia establece que se pueden realizar bailes después de las cenas siempre y cuando los salones de banquetes u otros establecimientos reúnan las condiciones de insonorización.
Por todos estos motivos, y en base a la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley sobre Contaminación Acústica, el Defensor del Pueblo recuerda al Ayuntamiento que tiene el “deber de actuar” para prevenir y corregir el ruido. “Eso exige prestar atención al problema que se plantea y realizar una comprobación in situ en el momento de producirse las máximas molestias para determinar el alcance del conflicto y tratar de buscar una solución razonable”, apunta.
Ángel Gabilondo admite que concellos como Bergondo disponen de recursos limitados para cumplir las funciones que tienen encomendadas, aunque llama la atención sobre el hecho de que otros ayuntamientos de la provincia de A Coruña con una población similar a la de Bergondo “sí cuentan con servicios técnicos para realizar mediciones sonométricas”.
En su misiva, el Defensor del Pueblo apunta además que los ayuntamientos disponen de alternativas si no se pueden permitir la compra de este tipo de equipos. Apunta, entre otras, a la posibilidad de requerir la intervención del Seprona o pedir la asistencia de la Diputación provincial.
“Hace tres años desde que se presentó la queja por primera vez ante esta institución y el Ayuntamiento no parece haber realizado avance alguno al respecto, no solo en el caso planteado en esta queja sino en cualquier otro que se produzca en este municipio por contaminación acústica”, censura el Defensor.
El Ejecutivo bergondés niega inacción y afirma que instó a la empresa que gestionaba el pazo a realizar una serie de correcciones para concederle la licencia y que a partir de ahí cesaron las quejas. La alcaldesa, Alejandra Pérez, admite que carece de medios tanto técnicos como personales para realizar mediciones acústicas pero defiende que es algo común en concellos del rango de población de Bergondo e incide en que firmó un convenio con la Guardia Civil para realizar este tipo de inspecciones.
