Orden de alejamiento a un betanceiro por “acosar” y “hostigar”a su vecina de 78 años

“Vas a tener una cruz conmigo”. Es la amenaza que profirió, supuestamente, un betanceiro del lugar de Castro de San Fiz a su vecina de 78 años y que ha llevado al Juzgado de Instrucción número 4 de Betanzos a dictar cautelarmente una orden de alejamiento. No es el único motivo que esgrime la Justicia, que ya condenó en 2021 a este hombre a mantener una distancia de cincuenta metros con la denunciante durante tres meses por un delito leve de coacciones.

Las hostilidades, lejos de mitigarse, han ido a más desde entonces, relata la afectada, Carmen Vázquez Vaamonde, una viuda que vive sola en un chalé de Castro de San Fiz y que, por expresa recomendación de su abogada y ante la insistencia de sus hijos, ha recurrido a cámaras y grabadoras para probar el “acoso” que dice sufrir desde hace unos años.

Relata que los problemas con este vecino de mediana edad, hijo de un matrimonio con el que ha convivido durante décadas casi puerta con puerta, comenzaron por cuestiones en principio nimias, como roces por la presencia de maleza en una finca y que fueron a más a raíz de que el denunciado realizase unas obras de canalización de aguas que anegan la finca de la septuagenaria y que acabaron en los juzgados.

A partir de ese momento, prosigue la afectada, se produjeron varios “encontronazos”, siempre sin testigos. Paralelamente se registraron una serie de hechos que trastocaron la hasta ahora tranquila vida de esta septuagenaria. Entre otros, que la cerradura de su vivienda y de un alpendre fuesen reiteradamente bloqueadas por la introducción de objetos; la aparición de seis gallinas muertas amontonadas y “sin síntomas de haber sido atacadas”; el robo reiterado de las flores que depositaba en el panteón familiar y, posteriormente, la sustracción de las placas de los sepulcros.

La concatenación de todos estos hechos, llevó a Carmen Vázquez Vaamonde a instalar una cámara de vigilancia. En una de las grabaciones, que ya está en disposición de los juzgados, puede verse cómo el denunciado rompe la cámara con un palo y se la lleva. La jueza considera, para emitir su resolución, esta grabación y otra en la que “consta claramente cómo la denunciante fue hostigada y acosada” cuando volvía a su domicilio tras dar de comer a los animales.

La jueza detalla en el auto dictado el pasado 21 de febrero que en la grabación “se aprecia cómo el denunciado obstaculizó el paso por la vía pública a la denunciante de forma continuada y cómo la amenazó con expresiones como mientras él viva le iba a amargar la vida continuamente y que iba a ser como una cruz para ella, además de proferir amenazas de muerte y contra algunos de sus parientes”.

El auto incide en la situación de abuso con la que, presuntamente, actuó el hombre, mucho más joven que la víctima : “Buscó la ocasión procurándose la impunidad y la indefensión de la contraria, pues ya no había luz y la vía pública estaba vacía de gente”, apunta la jueza, que llama la atención sobre el hecho de que el investigado solo cesó en su conducta cuando advirtió la presencia de un vecino, que acudió al lugar alertado por los gritos de auxilio de la septuagenaria.

En esa ocasión, la mujer fue escoltada hasta su casa por la Policía Local. “No es un hecho aislado, pues incidentes como el descrito se reiteran con frecuencia y, según relató la denunciante, ella vive con el temor de que le pueda pasar algo a manos del contrario”, recoge la resolución judicial, que aprecia una “situación objetiva de riesgo” que justifica que se le imponga cautelarmente al investigado la prohibición de aproximarse a menos de veinte metros de la denunciante y de comunicarse con ella “por cualquier medio”.

La jueza ve acreditado también que el denunciado provocó daños en la propiedad de esta vecina y apela en concreto a unas grabaciones “en las que se ve claramente al denunciado rompiendo la cámara de seguridad”.

Considera además la magistrada que el relato de Carmen Vázquez es “creíble, sólido y coherente”, aunque no ve posible acreditar de momento los otros hechos que la mujer atribuye a su vecino, como los destrozos en cerraduras o el robo de las placas del panteón. “No contamos a día de hoy con pruebas sólidas y objetivas más allá de la declaración de la denunciante, sin perjuicio de la prueba de cargo que se pueda practicar en sede de instrucción”, concluye.

El denunciado se acogió a su derecho a no declarar. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Betanzos considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de amenazas y otro de daños y ha decretado que se le imponga una orden cautelar de alejamiento durante el tiempo que dure la instrucción de la causa.

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