El miedo de las familias, el deseo general de que todos los marineros del Alakrana regresen a España "sanos y salvos" y las presiones de los piratas provocaron que múltiples colectivos, partidos e instituciones pidieran ayer a la Audiencia Nacional y al Gobierno que busquen la fórmula para poder enviar a los dos presuntos secuestradores retenidos en España a Somalia o a Kenia para satisfacer las demandas de los piratas y no perjudicar a los marineros del atunero vasco.
La situación es complicada, según fuentes de la Audiencia Nacional, pues para cumplir con las pretensiones de los corsarios las únicas vías legales posibles son: ceder la jurisdicción a Kenia o retirar los cargos que pesan sobre los detenidos, trámite que sólo puede realizar la Fiscalía.
En la misma sentido se manifiestan los portavoces de distintas asociaciones de magistrados -la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente- que aseguran que la primera de las opciones pasaría porque cualquiera de las partes personadas, la Fiscalía o la defensa de los piratas, planteara al juez competente una cesión de jurisdicción en favor de las autoridades keniatas. La alternativa de que el Ministerio Público retire la acusación contra los detenidos por falta de pruebas la consideran "harto improbable".
Mientras, el catedrático en Derecho Internacional de la Universidad da Coruña, José Manuel Sobrino, explicó que "se podría trasladar a estas personas a Kenia, donde existe el delito de piratería" como establece el acuerdo entre el país africano y la UE pero señaló que, pese a ser una "alternativa posible" es "complicada", porque supondría "dar marcha atrás" y buscar argumentos para decir "donde dije digo, digo Diego". El juez Pedraz tendría que solicitar una declinación de la jurisdicción después de que la Audiencia Nacional haya declarado que tiene competencias sobre el caso.
Sobrino también matizó que la posibilidad de que se deje "en libertad sin cargos" a estas personas dañaría la "imagen" de España como Estado de Derecho, que "quedaría en entredicho".
Precisamente, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el Gobierno tienen que "sujetarse" a los criterios del ámbito judicial. Por ello, señaló que sería "aventurado" hablar sobre un tema "técnico y jurídicamente muy complicado" aunque reconoció que "se está estudiando en el ámbito de la justicia".
Por su parte, el Ministerio de Defensa aseguró que la situación de los dos piratas arrestados "no es negociable".
De esta forma, parece difícil que el Gobierno español vaya a hacer caso a la petición de la empresa armadora del Alakrana, Echebastar Fleet, en la que reclamaba al Gobierno y a la Administración de Justicia la adopción de "medidas urgentes" para facilitar la "salida" de los dos piratas somalís detenidos en España.
La dirección de la armadora lamentó que, ante la difícil situación de los tripulantes -antes de que los tres desembarcados volviesen al buque- y la exigencia de los piratas de que se liberase a sus compañeros, carece de "posibilidades y herramientas para poder seguir avanzando en el proceso de negociación" con los piratas, tras haber hecho "todos los esfuerzos necesarios" para "traer a los pescadores a casa".
La compañía armadora también exigió a los partidos políticos que pacten un acuerdo que "saque el secuestro del Alakrana de la discusión política con el fin de que el Gobierno pueda tomar las decisiones pertinentes".
La empresa ha dicho compartir el "dolor y el sufrimiento" de los marineros y de sus familias y le mostró el apoyo de la dirección y del resto de trabajadores de Echebastar Fleet "en estos dolorosos momentos".
La decisión final sobre los dos piratas retenidos en España dependerá de la decisión judicial aunque distintos colectivos reclamaron al Gobierno voluntad para que esta situación se pueda dar.
