Una "escueta" nota firmada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, es la primera respuesta recibida por los afectados en el naufragio, hace casi dos años, del ferry Assalama frente a la costa de la localidad marroquí de Tarfaya y en el que algunos perdieron todas sus pertenencias. En su misiva el ministro confirma que recibió el escrito enviado por los damnificados al presidente del Gobierno y a todos los ministros sobre el siniestro. "Lamentamos mucho el accidente que sufrieron pero esta cuestión excede las competencias de este Ministerio", señala.

La directora general de la Marina Mercante, María Isabel Durántez Gil, también les ha respondido y se muestra "más comprensiva", según los pasajeros del ferry. Aclara que el Assalama "como cualquier otro medio de transporte que sirve a puerto español, tenía un seguro obligatorio a viajeros que, con independencia de su actualización y cuantía, barema la indemnización de acuerdo con los daños sufridos". Durántez añade que "la falta de una reglamentación nacional o comunitaria imposibilita que la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) pueda resolver y obligar a la compañía" y la limita a hacer "de intermediario entre pasajero y empresa".

La responsable del organismo dependiente del Ministerio de Fomento explica también que la falta de competencia se agudiza por el hecho de que el accidente se produjese en Tarfaya, "un puerto extranjero, y a bordo de un buque extranjero". "Por lo cual no queda otra vía que la reclamación judicial", aclara Durántez.

Sin embargo, para iniciar un contencioso contra la Naviera Armas los afectados sólo tienen de plazo este mes y aseguran que no hay abogados decididos a pleitear contra la empresa, lo que deja a los damnificados "con las manos atadas".

"No obstante lo anterior -explica la directora general de la Marina Mercante en su respuesta- esta DGMM se ofrece a intentar mediar con la Naviera Armas para la búsqueda de una solución que satisfaga a todos". Los afectados, sin embargo, no entienden la propuesta de mediación si previamente se reconoce la falta de competencia en el asunto. "No pedimos limosnas sino que se reconozcan los derechos que nos corresponden y que la compañía canaria no nos da, como la posibilidad de recuperar nuestro equipaje", sentencian los pasajeros.

El Assalama, de la canaria Naviera Armas, tenía 42 años en el momento del accidente y había sufrido otros tres siniestros en su vida útil: el primero en 1968 al colisionar con el ferry Ilmatar durante una maniobra cerca del puerto, el segundo -muy similar al de Tarfaya- en 1972 al chocar contra un muelle por el fuerte viento y el tercero en agosto del mismo año al colisionar con el buque Tre Masar. Son datos sobre el Assalama recopilados por los afectados, que recuerdan que el buque fue rebautizado tres veces y adoptó el último nombre tras ser abanderado en Panamá en junio de 2007.

Los pasajeros del ferry denuncian que el estado en que se encontraba la embarcación hizo que la compañía Bureau Veritas se negara en 2002 a continuar la preceptiva certificación del buque, lo que no impidió que dos años más tarde Naviera Armas asumiese la línea entre el puerto tinerfeño de Los Cristianos y la isla de El Hierro.

Con el nombre Volcán de Tenagua, el barco de pasaje fue considerado en 2005 uno de los peores ferrys europeos, con nota de "deficiente", y realizó viajes de prueba a Tarfaya en 2006 a pesar de que el 19 de diciembre de 2005 un informe técnico describía un total de 16 deficiencias, por las que no fue retenido en puerto. Sí tuvo que permanecer amarrado durante tres meses en el puerto de Las Palmas por un total de 33 deficiencias, nueve graves. Estos defectos, según los pasajeros que vivieron el accidente, eran visibles en abril de 2008.

Los afectados aseguran que su "calvario" comenzó con la inhibición de Marruecos por tratarse de un buque abanderado en Panamá y de compañía española. Mientras, España no intervino porque se trataba de un buque extranjero en aguas de otro país y Panamá, el Estado de pabellón, obvió el asunto sin más.

El día del naufragio, a bordo del ferry sólo había dos botes salvavidas con capacidad, cada uno de ellos, para 20 personas cuando en el buque había más de un centenar de pasajeros además de la tripulación. De esos dos botes, denuncia el pasaje, uno no lograba poner en marcha el motor y el otro tenía un agujero y el motor funcionaba intermitentemente. El rescate se produjo gracias a los marineros marroquíes de Tarfaya. Una viajera asegura que la madera de uno de los botes estaba astillada y saltaba "a pedazos", con un hueco por el que filtraba agua. "El bote estaba en mal estado de mantenimiento y deteriorado", explica esta mujer que fue evacuada en primer lugar junto al resto de mujeres y niños y que recuerda que el bote se paró varias veces antes de llegar a tierra.

A los pasajeros se les comunicó que el Assalama sería remolcado pero acabó hundiéndose y las pertenencias del pasaje y tripulación no fueron recuperadas.

Los náufragos recibieron al entonces director de Relaciones con África de Santa Cruz de Tenerife, Pablo Martín Carbajal, que tres días después del siniestro se ofreció para el traslado de los pasajeros a Canarias, pero sólo a los españoles, por lo que el pasaje rechazó el plan.

Fue la última noticia que tuvieron del representante del Gobierno canario y los pasajeros se preguntan por qué España no investigó el accidente al haber ciudadanos españoles a bordo. Mientras, la prensa canaria publicaba dos semanas después que los pasajeros habían sido indemnizados y que no habría investigación de la Naviera Armas. Los pasajeros niegan que hayan recibido compensaciones "a excepción de unos pocos con sumas ridículas" y denuncian que no han podido recuperar sus pertenencias.

Los afectados tienen de plazo hasta finales de abril para presentar una reclamación contra la armadora pero ningún abogado la quiere asumir por "un cierto temor al enfrentamiento con la naviera".

Dos años después de su colisión contra el muelle de Tarfaya, el Assalama sigue vigilado las 24 horas del día por una patrullera marroquí. Mientras, los pasajeros reclaman al Gobierno que defienda sus derechos e investigue lo ocurrido, incluso por posible corrupción.