"Este nuevo plan da un paso más en la estrategia de hacer desaparecer este sector en Galicia". Así de contundente se mostró ayer el presidente de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Juan José Blanco, durante una rueda de prensa convocada para evaluar el Plan de Explotación Pesquera del Cantábrico Noroeste publicado el pasado lunes en el BOE. Acerga estudia una batería de medidas legales, desde un "recurso de inconstitucionalidad" contra el documento hasta denunciar a sus autores por "prevaricación". Su objetivo es modificar el sistema de reparto de cuotas en vigor. Una demanda, dicen, respaldada por el 75% del sector del cerco gallego, y más del 51% del conjunto de la flota del Cantábrico Noroeste, afectada por el texto, que también incluye barcos de Asturias, Cantabria y Euskadi.
Según el presidente de Acerga este acuerdo incumple totalmente el compromiso de "reajuste" se lotransmitió el Secretario General de Pesca, Andrés Hermida cuando hace un mes se ofreció a revisar el reparto junto con las autonomías y los representantes del sector. Acerga culpa del texto del lunes, que "nadie esperaba", a los responsables políticos, especialmente a la conselleira de Mar, Rosa Quintana, a la que presentó como "la señora que más daño le hizo a la pesca gallega en la historia". Blanco exigió a Quintana "que explique" qué intereses tiene en hacer "desaparecer" al cerco. "Quizás lo que quiere es beneficiar a las grandes piscifactorías", añadió.
"Seguiremos acampados hasta que haga falta, incluso durante las navidades", declaró a este diario el portavoz de Acerga, Andrés García. Este fin de semana la organización decidirá en asamblea sus próximos movimientos, y advirtió de que no se quedarán parados.
