El próximo 1 de enero entrará en vigor la normativa europea que obligará a llevar a tierra todas las capturas realizadas en la pesca demersal, esto es, acabar con los descartes. Lo que hace un año comenzó con la pesquería pelágica ahora se convierte en una verdadera complicación para el sector que, además de no saber cómo aplicar la norma, se encuentra con que tiene que lidiar con una pesquería muy complicada (rape, gallo, solla...) para la que Bruselas tan solo ha tenido en cuenta la merluza, por la que hay un añadido extra de toneladas en los totales admisibles de capturas (TAC) para el próximo año. Esta cuota top-up asciende a más de 8.500 toneladas además de las 90.849 establecidas para el stock norte. Mientras, en aguas ibéricas (zona muy castigada en el reparto, donde la merluza disminuye un 22% para España), las 10.370 toneladas fijadas para toda la UE pasan a 10.735 (365 toneladas más).

Armadores, los afectados

Los numerosos proyectos surgidos para intentar paliar esta norma (como, por ejemplo, DiscardLess) intentar buscar un mejor aprovechamiento de los descartes. Sin embargo, los principales afectados siguen siendo los armadores, que ven como cada año la mayoría de los estados miembros no consumen sus cuotas a final de año mientras España agota las suyas. Y es que los buques tienen que llevar a tierra todo lo que pescan y, debido a ello, pierden cuota de las especies que más le interesan, puesto que los descartes también son descontados de sus cupos individuales.

Sobre esto y todos los problemas que rodean al cuestionado reglamento comunitario se habló hace apenas diez días en Vigo durante la Jornada sobre la aplicación de la obligación de desembarque, en la que participó el director de Desarrollo de Políticas y Coordinación de la DG-MARE de la UE, Ernesto Penas Lado y se presentaron numerosos estudios sobre el estado de las pesquerías.