El director gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) -que agrupa a buques de distintos puertos de Galicia-, José Antonio Suárez-Llanos, no ahorra en calificativos con el criterio de estabilidad relativa y lo define como "antieconómico, antisocial e insolidario". Y quizás perpetuo es el que falte, porque nadie parece dispuesto a plantear un cambio en un sistema puesto en marcha en 1983 y al que España se sumó tres años más tarde. Le tocaron las sobras. "El intercambio está muy bien sobre el papel -expone un armador sobre las posibilidades que ofrece la Política Pesquera Común (PPC)- para intercambiar con otros estados. Pero imagina que pedimos su sobrante de rape y a cambio nos piden raya. ¿Qué les decimos? Es que no tenemos ni para nosotros". El sector interpreta el inmovilismo de los países sobre la infrautilización de cuotas con objetivos a futuro, ya que si no las ceden las tienen como "baza" para lograr que más buques se abanderen en Reino Unido, Irlanda o Francia.
"Hace tiempo que querían todo para allí. Pensaban que si abanderaban los barcos se quedarían con las descargas y la comercialización, pero de momento se vienen a Galicia. De momento", puntualizan fuentes del sector. Esta es la columna vertebral de la estrategia trazada por el Gobierno irlandés para arrebatar a las dársenas gallegas las descargas de barcos de Gran Sol. A sus puertos llegan más de 31.000 toneladas al año de buques con bandera no irlandesa (sobre todo gallegos) y es el tráfico que quiere captar con el señuelo de una gran lonja e incentivos desde Dublín. "Los franceses lo intentaron en su día con ofertas de la Bretaña y todavía no cuajó. Pero lo hará", auguran fuentes de la flota.
