La flota del Cantábrico denunció que buques extranjeros incumplen la norma de los descartes y que tiran por la borda las capturas no deseadas. Según el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria, Jesús Oria, los barcos nacionales tienen vídeos de pesqueros no españoles mientras realizan la "absolutamente prohibida" práctica del descarte y pretenden enviárselos a la Comisión Europea para demostrar que no se cumple la normativa. Fuentes de la Consellería do Mar, por otro lado, niegan tener conocimiento oficial de que algún grupo de marineros vaya a remitir este material audiovisual a la UE.
Oria señaló que van a hacerle llegar por escrito su inquietud a la ministra de Pesca, Isabel García Tejerina, después de haber realizado la petición de forma oral "en varias ocasiones" a la Secretaría General de Pesca.
La flota también pretende que Tejerina intervenga de manera "clara" ante la UE para que se evite el empleo de las artes pelágicas y el asunto "quede solo" en discusiones de barco a barco entre la flota española y algunos buques de la francesa e irlandesa. Fuentes de la Xunta aclaran que la pesquería que pueden hacer las unidades galas con el arrastre pelágico es "legal" y se realiza en el marco de la normativa europea y del Iccat (Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico), aunque discrepan en su empleo, ya que el arte usado por los barcos gallegos -cacea- es "plenamente sostenible, selectivo y respetuoso con el medio ambiente" y no tiene descartes.
Portugal
Bruselas, por otro lado, abrió un proceso de infracción a Portugal por supuesta pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr o IUU, en inglés) en aguas de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO, por sus siglas en inglés). El Gobierno luso alegó que cumple con todas las medidas necesarias para atajar estas prácticas, pero la Comisión Europea (CE) le dio dos meses para que responda ante estas acusaciones. En caso de tener que pasar a una segunda fase, desde Bruselas impondrán una infracción y enviarán un dictamen fundamentado.
La CE, según los medios lusos, abrió el procedimiento al considerar que el país no tomó las medidas para "prevenir, impedir y eliminar" las actividades ilegales de algunos buques portugueses en aguas de NAFO.
