02 de marzo de 2018
02.03.2018

Negociar. Un verbo obligado

04.03.2018 | 00:53
Negociar. Un verbo obligado

El Gobierno español y, supuestamente, la Xunta tienen ante sí jornadas de pura negociación si es que, por pura lógica, sienten la pesca y el sector como algo propio.

Con Francia e Irlanda se han de sentar las bases para la gestión de las campañas de pesca, fundamentalmente de atún y bonito, que interesan a los tres países porque también a los tres compete el desarrollo de las pesquerías: a Irlanda, por cupo insuficiente; a Francia, porque le sobra, y a España -con incidencia muy especial en las comunidades del Cantábrico y Galicia- porque lo adjudicado por la Comisión Europea siempre se le queda corto, lo que no impide que año tras año los barcos pelágicos tanto de Irlanda como de Francia pesquen en aguas españolas y vendan sus capturas en las lonjas de nuestro país, con una repercusión negativa para la flota bonitera nacional.

La gestión de las campañas de pesca de túnidos puede acordarse más o menos fácilmente; pero lo que, a priori, parece bastante más complicado es lograr una entente por la que Francia e Irlanda logren convencer a sus arrastreros pelágicos de la inconveniencia del uso de este arte en aguas en las que España prohibe a su flota la utilización del mismo. A mayor abundamiento, la flota nacional española plantea que, como la Unión Europea no obliga a irlandeses y franceses a respetar las normas establecidas tajantemente por el Gobierno español a los barcos de su bandera, se le permita pescar del mismo modo y manera que ellos lo hacen.

De hacerse así, ni españoles, ni franceses, ni irlandeses -aparte alemanes y holandeses, que de cuando en vez se acercan a la Península Ibérica- dispondrían a corto plazo de tiempo de stock suficiente para el conjunto de las flotas: acabarían rápidamente con el bonito y el atún, con lo que los barcos tendrían que proceder al amarre indefinido.

Otra cuestión que se le plantea a España -y de rebote a Galicia- es la negociación del Brexit y sus consecuencias para cada uno de los estados miembros cuya flota depende en gran medida de los caladeros bajo jurisdicción británica. También aquí los planteamientos hasta ahora conocidos no permiten la más mínima alegría: cada uno de los pasos que da el Gobierno del Reino Unido complica más el futuro de una flota que, como la española, resulta tan dependiente de las especies y las aguas que, una vez se produzca -si se llega a tal decisión- la salida de los ingleses de la UE, resultan vitales para un sector esencial en Galicia en aspectos como son el económico y el social.

Por si estos frentes de negociación fuesen pocos, Galicia ha de confrontar con el País Vasco el juego de intereses de sus respectivas flotas de bajura (tanto cerco como arrastre y artes varias) en las pesquerías de jurel y caballa (xarda) que el sector vasco intenta que el Ejecutivo central no transfiera a favor de la flota gallega. Su pretensión -que aquí ya no sorprende a nadie- es que se apliquen los consabidos criterios históricos y de arqueo, algo que los pescadores gallegos rechazan de plano por injustos o, cuando menos, como trato de favor a los arrantxales vascos.

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