El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en colaboración con el grupo de Inspección Veterinaria del Servizo de Gardacostas de Galicia, inmovilizó 153,5 toneladas de cigala en un almacén de A Coruña, cuyo valor podría alcanzar en el mercado los 4,5 millones de euros. Los hechos se enmarcan en la segunda fase de la operación Pinza Roja, desarrollada el pasado 4 de julio pero que se había iniciado en el mes de febrero, cuando los agentes del Instituto Armado encontraron una partida de este crustáceo -especie que está vedada este año en los caladeros del norte de Galicia y del Cantábrico- sin identificar en unos controles de documentación que realizaron a los pescadores que abandonaban la lonja coruñesa.
El pasado 4 de julio los agentes de la Guardia Civil y de Gardacostas requisaron 45 toneladas de cigala en una nave a las afueras de A Coruña en la primera fase de la operación Pinza Roja. La investigación continuó y el Instituto Armado obtuvo nuevos indicios de que se estaba comercializando de nuevo cigala carente de trazabilidad -sin la documentación necesaria en la que se incluye su origen- y sin las garantías sanitarias pertinentes.
Esta segunda fase de la operación se centró en una empresa dedicada a la distribución de productos alimenticios procedentes del mar con base en el Puerto de A Coruña, donde los agentes inmovilizaron 836 cajas de cigala congelada que pesaban 2,1 toneladas y que carecían del documento que garantizaba su trazabilidad. Como la mercancía procedía de otra empresa congeladora, miembros de la Guardia Civil inspeccionaron las instalaciones y localizaron otros 746 lotes de la especie con un peso que ascendía a las 153,5 toneladas, que también fueron inmovilizadas. Según informó el Instituto Armado, solo hay una empresa involucrada directamente, ya que la otra a la que se hace mención alquilaba el almacén congelador.
Los agentes también encontraron en esa nave 165 sacos de antioxidante que se usa para conservar crustáceos, cantidad que estimaron muy superior a la necesaria por lo que tomaron muestras de los alimentos congelados que ya mandaron al Laboratorio de Salud Pública de Galicia para verificar la presencia de algún elemento que sobrepase la cantidad autorizada. Los resultados que se obtengan determinarán "una posterior actuación en el ámbito penal o administrativo", apunta la Guardia Civil en un comunicado.
La investigación todavía sigue abierta por el gran volumen de marisco que se tiene que inspeccionar y las difíciles condiciones que deben soportar los agentes al trabajar en las cámaras frigoríficas -que registran temperaturas de -22 grados pero que en ocasiones supone una sensación de -40-. El cuerpo de seguridad levantó el acta de denuncia al responsable de la empresa ante la falta de trazabilidad de la cigala almacenada en sus cámaras.
