La incertidumbre ha retornado al proyecto de continuidad de la fábrica de armas de A Coruña, que había emprendido una esperanzadora hoja de ruta tras el concurso público adjudicado el año pasado por el Ministerio de Defensa a la sociedad Hércules de Armamento.
Los acontecimientos de estos últimos días han vuelto a poner en tela de juicio la viabilidad del proyecto empresarial elegido por Defensa para retomar la actividad en la fábrica, cerrada hace casi tres años. La alarma surgida la noche del pasado miércoles, al quedar sin vigilancia la factoría en un momento de máxima alerta antiterrorista en el país, por impagos de Hércules de Armamento a la empresa encargada de la seguridad en la factoría, se tradujo horas después en la revocación temporal por Defensa de la autorización para fabricar armas en la planta coruñesa. La tarea de vigilancia de las instalaciones recae provisionalmente desde entonces en patrullas de la Policía Nacional. La situación se complicó aún más al cortar Gas Natural Fenosa unas horas el suministro eléctrico a la fábrica.
La prohibición de Defensa se cierne ahora como una espada de Damocles sobre el futuro de la factoría, ya que en el pliego de condiciones del concurso industrial adjudicado a Hércules de Armamento se establece que el cese en la fabricación de armas conllevaría la anulación de la concesión. La actual plantilla, compuesta por 155 trabajadores, algunos a media jornada, defiende la continuidad de la actividad, pero exige a Hércules de Armamento que normalice la situación.
Santa Bárbara es mucho más que una fábrica para la memoria coruñesa. Compartía con la desaparecida planta de Tabacos y el sector portuario el pionero estandarte industrial de la ciudad. Con una plantilla de 1.300 trabajadores, formó parte del abanico de grandes empresas que en los años 60 protagonizaron el despegue industrial de A Coruña. Su cierre fue el único recogido en el ERE presentado en febrero de 2013 por la multinacional General Dynamics en las cinco plantas que el grupo estadounidense poseía en España. En las restantes cuatro fábricas se registraron despidos, pero se mantuvo la actividad.
En un primer momento, el Ministerio de Defensa, principal cliente de Santa Bárbara, se desentendió de su suerte, por no considerar de su competencia la búsqueda de alternativas laborales a una empresa privada. Sin mención a que fue un Ejecutivo del PP, presidido por Aznar, quien privatizó la fábrica de armas coruñesa en 2001 por cinco millones de euros.
El Gobierno evitó entonces ejercer su capacidad de presión ante General Dynamics, que obtenía contratos multimillonarios con cargo al presupuesto nacional. Los trabajadores denunciaron también que General Dynamics se había beneficiado de importantes subvenciones de la Xunta para inversiones tecnológicas que repercutieron en mejoras de la multinacional.
La tenacidad de los trabajadores en la defensa de un proyecto industrial alternativo propició el concurso gubernamental que devolvía la esperanza en la continuidad de la histórica factoría. La esperanza no ocultaba sin embargo que el desmarque de Defensa en el pliego de condiciones de cualquier vinculación futura con la renovada actividad en la fábrica de armas coruñesa arrojaba interrogantes a la solución.
En el proceso del concurso, adjudicado finalmente a la sociedad Hércules de Armamento, afloraron controversias en las que se cuestionaba la solidez del proyecto ganador y se exigía al Gobierno que garantizase la viabilidad del proyecto elegido, evitando la tentación de abordar el concurso como un mero trámite para salir del paso. Lejos de zanjarse con la adjudicación, la polémica continuó con crecientes zonas de sombra en la gestión de la vuelta a la actividad en la fábrica de armas.
Las dudas desembocaron esta pasada semana en una verdadera crisis tras la decisión de Defensa de suspender temporalmente la fabricación de armamento en A Coruña, condición imprescindible para el mantenimiento de la concesión ministerial. La Valedora do Pobo ha solicitado a la Xunta y al Ayuntamiento un informe sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa concesionaria, negociados en 2014. El alcalde, Xulio Ferreiro, se reunirá en los próximos días con el secretario de Defensa en Madrid.
La sociedad Hércules de Armamento, que ha guardado silencio pese a la incertidumbre que estos acontecimientos arrojan sobre la continuidad de la fábrica de armas, debe dar explicaciones sobre el estado de su proyecto industrial y de las razones del impago que desencadenó esta crisis. El Gobierno, que contrajo una deuda moral con A Coruña, única de las cinco ciudades españolas que perdió su fábrica de armas, tiene también el deber de implicarse en una solución que evite la desaparición de su histórica factoría.
