En las próximas semanas tomarán de sus cargos posesión tres nuevos parlamentarios autonómicos, dos del Partido Popular y otro de Alternativa Galega de Esquerda (AGE). Son los sustitutos/sustitutas de Pilar Rojo, Paula Prado y Yolanda Díaz, que este miércoles estrenan escaño en el Congreso. Estamos a pocos meses del final de la legislatura en el Parlamento gallego -que Feijóo a día de hoy tiene la intención de agotar, o eso dice, pase lo que pase en el escenario estatal- y no es descartable que se produzcan todavía más relevos en el hemiciclo de O Hórreo, con o sin repetición de las elecciones generales. Y van unos cuantos desde el arranque de la legislatura en 2012. Además hay que elegir un nuevo presidente o presidenta, decisión que ha de adoptar personalmente don Alberto al gozar el PP de una amplía mayoría que le evita el engorro de tener que consultar o negociar con otras fuerzas políticas, como por cierto sucede en el resto de las cámaras legislativas autonómicas.

La propia Pilar Rojo, que ahora despega hacia la Carrera de San Jerónimo, se quejó en más de una ocasión de los indudables perjuicios que para el normal desarrollo de la actividad parlamentaria supone el constante relevo de efectivos en las bancadas. Con cada cambio hay que reorganizar la composición de las comisiones, redistribuir tareas, etc. A su entender, ese constante quita y pon de diputados por parte de los grupos políticos denota la escasa consideración que parecen tener de la labor de sus señorías, tanto a la hora de legislar como de fiscalizar la labor del gobierno. Bien mirado, también cabría pensar que hay personas que igual sirven para un roto que para un descosido o que en los partidos fallan los banquillos y hay que ir moviendo las piezas más valiosas de un lado para el otro en función de las necesidades o conveniencias estratégicas. Eso sin contar con los intereses, los egos o las aspiraciones personales de cada cual, que también cuentan.

Los politólogos explican este fenómeno, por un lado, en función de la partitocracia, porque son los "aparatos" de los partidos los que en última instancia manejan el cotarro en nuestro actual sistema político, actuando con absoluta discreccionalidad a la hora de confeccionar la listas y de "manejarlas" después de las elecciones. Y, por otra parte, aunque el Tribunal Constitucional estableció que el escaño es del diputado, o del concejal, en la práctica el sistema mayoritario y las listas cerradas y bloqueadas propician que a la hora de la verdad la ciudadanía no pinche ni corte, no pueda premiar ni castigar ese tipo de maniobras partidistas, y que ni siquiera tenga la posibilidad de aprobar o suspender a sus representantes.

Probablemente a la hora de devolverle el prestigio perdido a la actividad política, una de las medidas que haya que plantearse muy en serio sea precisamente la de obligar de algún modo a los parlamentarios y al resto de los cargos electos a cumplir los compromisos adquiridos con sus votantes, empezando por agotar las legislaturas y los mandatos para los cuales son elegidos, salvo causa de fuerza mayor. El incumplimiento sistemático por parte de los representantes políticos de esa obligación de culminar las tareas encomendadas es, cierto modo, un menosprecio hacia la voluntad expresada por la ciudadanía a través de sus votos. Y no poco tiene también de fraude democrático, frente al que cual llamada nueva política algo tendrá que decir, si es que las fuerzas emergentes se lo han planteado, que, como tantas otras cosas, aún está por ver...