La concentración de poderes y la regeneración democrática

José Manuel Otero Lastres

José Manuel Otero Lastres

Como es sabido, Montesquieu propuso que el poder del Estado tenía que dividirse en tres poderes: el ejecutivo (el del gobierno encargado de la gestión de los intereses generales), el legislativo (encargado de hacer las leyes) y el judicial (que administra la justicia y hace cumplir las leyes). La importancia de esta división, acogida por las Constituciones democráticas, estriba en que garantiza el equilibro político, lo cual hace posible que la ciudadanía goce plenamente de sus derechos y libertades.

Con el transcurso de los años ha surgido un cuarto poder, “la prensa”, atribuyéndose dicha expresión al británico Edmund Burke, el cual la utilizó en el debate de apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en 1787, señalando que en la tribuna de prensa era donde se sentaba el cuarto poder, que, según él, era de lejos más importante que todos ellos.

Pues bien, creo que no exagero un ápice si afirmo que en España venimos padeciendo una progresiva e imparable concentración de todos esos poderes, incluido el poder de la prensa, y que tal vez ha llegado el momento de plantearnos si ha llegado la hora de regenerar la política haciendo que cada uno de los tres poderes políticos asuma su propia independencia y que el cuarto la recupere para ejercer seriamente su función de control de todos ellos.

La concentración de nuestros poderes ejecutivo y legislativo es consecuencia del creciente poder que han ido adquiriendo los partidos políticos, que ideados como instrumentos fundamentales para encauzar la participación política, han acabado determinando los candidatos a diputados y senadores (poder legislativo), y son los que manejan también los votos para investir al presidente del Gobierno. Es decir, los partidos, son los que designan a los miembros del poder legislativo y éstos, siguiendo el mandato de aquéllos, son los que otorgan la confianza para investir al presidente del gobierno. Hablar, pues, de independencia entre el poder ejecutivo y el legislativo no deja de ser una mera formalidad que no responde en absoluto a la realidad. No hace falta esforzarse en demostrar que, a pesar de que en la Constitución se configura una división formal entre el ejecutivo y el legislativo, los partidos políticos ejercen un férreo control sobre ambos poderes convirtiéndolos en realidad en un solo poder de facto.

En cuanto al poder judicial, en la Constitución, se configuró como poder independiente de los dos otros poderes. La Constitución dispone, en efecto, que el Consejo General del Poder Judicial está integrado por 20 miembros, de los cuales doce serán jueces y magistrados, y la primera Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero del Poder Judicial estableció que los 12 vocales del Consejo de procedencia judicial serían elegidos entre ellos por los jueces y magistrados que se encontrasen en activo.

Pero, el modo de elección de los miembros del Consejo se modificó en 1985, gracias a la mayoría absoluta del PSOE, y consistió en que los 20 vocales pasarían a ser elegidos a partes iguales por las dos Cámaras, lo cual fue considerado constitucional por el Tribunal Constitucional en la sentencia 198/1986. Pues bien, este cambio hizo que también el tercer poder del Estado, el Judicial, corriera el riesgo —del que advertía esta sentencia—, de que cayera bajo el poder de los partidos políticos, cosa que ya sucedió. A lo que antecede cabe añadir que los partidos manejan también la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por lo cual, salvo la independencia que puedan tener jueces y magistrados en su esfera personal no puede negarse que el “asalto” de los partidos a este tercer poder del Estado no parece discutible.

En cuanto al cuarto poder, la prensa de nuestros días ya no ejerce el control sobre el poder político. Hace tiempo que no existen medios de comunicación que defiendan en su ideario promover “Noticias veraces, opiniones independientes”. No digo que no haya periodistas que defiendan ese modo de ejercitar su profesión. Lo que afirmo es que hoy debido a los acuciantes problemas de financiación que tienen la mayoría de los medios no parece que conserven la imprescindible independencia para efectuar un control crítico del poder político.

Tal vez por esa razón los ciudadanos españoles medianamente informados desconfían tanto de los periodistas pesebristas como de los malos políticos. Hay quien ha diagnosticado la realidad de nuestro supuesto “cuarto poder” diciendo que “El gran problema de la prensa española es la verdad”. Y es que según el último informe de Reuters Digital News los medios de comunicación españoles tienen la credibilidad más baja de Europa. Y en la edición 2023 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países y territorios, que se publicó el pasado 3 de mayo de 2023, España cayó otros cuatro puestos, bajando del 32 al 36.

Decía William Randolph Hearst: “Periodismo es publicar algo que alguien no quiere que publiques. El resto son relaciones públicas”. Hoy vivimos en un estado permanente de “relaciones públicas” por bloques: cada bloque es untuoso con los suyos y despiadado con el contrario. Y es que hoy falta valentía para denunciar “mantras” como la del “progresismo” y el “avance social” cuando no son más que consignas para enmascarar la situación personal de muchos dirigentes políticos que son los que de verdad progresan y avanzan.

Pues bien, si lo hasta aquí dicho permite aseverar que el diagnóstico de la mala salud que aqueja a nuestro sistema democrático es la concentración de poder, creo que es urgente que los verdaderamente demócratas que amamos la libertad iniciemos la tarea de desconcentrar el poder y hacer que vuelva a dividirse en los poderes tradicionales, y que exijamos al cuarto poder que abandone su envilecido pesebrismo, que recupere su independencia y controle democráticamente los poderes del Estado.

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