Mal pagador

Dice el refrán aquello de “excusa de mal pagador” para referirse a los que flojean, echándole morro, para escurrir el cumplimiento de sus obligaciones económicas. Lo estamos viendo desde hace meses con el Reino de España a raíz de los laudos condenatorios por los recortes a las ayudas de las renovables. El Estado se niega a entregar la pasta y debido a ello varios tribunales británicos han empezado a embargar propiedades “españolas” en su territorio. Lo más sonado hasta el momento han sido la sede del Instituto Cervantes en el centro de Londres y otro edificio que alberga el Instituto Español, también en la capital.

En este asunto, parece que ni se olvida ni se perdona, porque lo de las primas a las renovables se remonta al 2007, durante el primer gobierno de Zapatero, con un proyecto que el ejecutivo lanza para atraer inversores que desarrollen la producción eléctrica de origen renovable. Es el boom de los huertos solares y los parques eólicos que proliferaron rápidamente. Era lo esperado, las ayudas podían ascender al 40% de la inversión más una prima sobre la energía producida. Es decir, la venta de electricidad mantendría un precio mínimo, independiente del mercado. Por cierto, en aquellos años, bastante más barata que ahora. El negocio redondo al que acudieron inversores de medio mundo se topó con la Gran Recesión y un nuevo ejecutivo presidido por M. Rajoy. En lo peor de la tormenta, año 2013, se altera el “plan perfecto” para las renovables y además se hace retroactivo, con lo cual lo firmado seis años antes queda en papel mojado. Cesan las ayudas, muchos parques se paralizan, incluso algunos se quedan a medio camino por la falta del músculo económico-empresarial que huye.

En realidad lo que están haciendo los tribunales británicos, en Australia ocurre algo parecido, es obligar a España a cumplir los laudos condenatorios del Ciadi, un órgano de arbitraje dependiente del Banco Mundial, al que España está sometida además como miembro de la Carta de la Energía (tratado que blinda las inversiones empresariales ante los cambios legales entre los signatarios). Sin embargo España no paga, acogiéndose a una prerrogativa de la Comisión Europea que considera ilegales las resoluciones de estos organismos de arbitraje y que las demandas deben juzgarse en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

De una u otra manera este agujero acabará como arma arrojadiza. Los 2.000 millones de euros que las compañías afectadas reclaman al Estado lo aprovecharán unos para afear las malas decisiones de aquel ejecutivo “Manostijeras” y otros, a falta de cuatro magníficos —en caso contrario deberán ingresar y chitón—, para recordar que “sólo el labrador es buen pagador”.

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