Deriva de la derecha judicial

El artículo 395 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, invocado estos días ante el escandaloso protagonismo de ciertos jueces conservadores, dice textualmente lo siguiente: “No podrán los Jueces o Magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, y les estará prohibido: 1.º Dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicos que no tengan carácter judicial, excepto aquéllas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial. 2.º Tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal. Esto no obstante, ejercerán las funciones y cumplimentarán los deberes inherentes a sus cargos”.

Pese a la claridad diáfana de este mandato legal, los “vocales insurrectos”, conservadores, del Consejo General del Poder Judicial —así los ha llamado el magistrado emérito Martín Pallín— han efectuado un dictamen sobre un proyecto de ley de Amnistía que no conocen y que no les incumbe en absoluto. Si no proviniera de tan alta autoridad judicial, el panfleto sería considerado el simple desahogo de un servilismo incontinente hacia el partido que los colocó donde están y que les ha beneficiado con una prórroga inesperada de su mandato, incumpliendo flagrantemente la Constitución de 1978. Es obvio que si hubieran amenazado con dimitir, como hizo Lesmes, los partidos políticos no habrían tenido más remedio que resolver el bloqueo.

Los jueces progresistas de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, colegas de los jueces de la conservadora Asociación Profesional de las Magistratura que son miembros del CGPJ, no se han callado en esta ocasión: consideran que “al comportarse como un actor partidista, [estos consejeros lenguaraces de la derecha] dañan la imagen de independencia e imparcialidad del Poder Judicial”. Además, consideran que la declaración sobre la amnistía de esa institución supone un abuso de las atribuciones legales que ostentan sus vocales y “una invasión de la exclusiva función del juicio de constitucionalidad que solo al tribunal Constitucional corresponde”. No es extraño que unos juristas bien orientados hayan publicado en la prensa un artículo bien expresivo desde el título: “El riesgo para la democracia no es la amnistía, es el CGPJ”.

El Periódico de España publicaba el martes un editorial en el que calificaba las iniciativas adoptadas por los jueces conservadores como “una campaña feroz contra Sánchez y el próximo gobierno. Una labor de oposición que será aún más áspera que la vivida en la legislatura pasada”. Y tras mencionar la posición sensata de Jueces y Juezas para la Democracia, concluía diciendo que “en ocasiones como estas queda claro que tras la decisión de no renovar el CGPJ, más allá de una veintena de justificaciones que han dado los populares, subyace la intención de mantener una mayoría que les permite utilizar la institución como ariete contra el Ejecutivo”.

Con toda evidencia, el envalentonamiento de la cúpula conservadora judicial proviene del bloqueo que, tras la mayoría absoluta de Rajoy y la consiguiente posición dominante en el CGPJ, decidió mantener por tiempo indefinido el PP. Los argumentos para tratar de justificar semejante violencia contra lo preceptuado en la Carta Magna no son de recibo; el que podría ser más sólido, la voluntad de cambiar el sistema de elección en la LOPJ y la imposición de esta condición para pactar un nuevo Consejo, cae por su propio peso al saberse que Rajoy tuvo ocasión de realizar tal reforma —se la proponía su ministro Ruiz Gallardón— y finalmente el gallego no la quiso realizar. La realidad es, pues, que el PP, consciente de que en la judicatura hay más jueces conservadores que progresistas (así lo demuestran las propias asociaciones, populosas las unas, minoritarias las otras), ha querido perpetuar esta ventaja con fines políticos. Cuando es obvio que el país ha de avanzar en la dirección que marcan las mayorías políticas y sociales, y no el camino que señala la elite judicial.

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