¿Reforma constitucional?

La idea de la reforma constitucional es antigua, ya que la construcción del Estado de las Autonomías, primero, y la incorporación de España al Mercado Común, como se decía entonces, más tarde, fueron hitos que reformaron profundamente el edificio político español y demandaron ajustes constitucionales, tanto para recoger la novedad cuanto para enlazarla con la idea originaria.

Rodríguez Zapatero, cuya estatura crece con el tiempo, encargó un dictamen sobre la reforma constitucional al Consejo de Estado, que redactó Rubio Llorente y que duerme el sueño de los justos porque la crisis de 2008 fue, además del fin de una era, el principio de una nueva etapa que mostró las brechas del sistema y que generó disfunciones que todavía no se han resuelto completamente. La radicalización de la política por ambos lados ha sido la peor consecuencia.

Pero —se dice— la necesidad de una reforma a fondo de la Constitución —de una reforma, no de la apertura de un periodo constituyente— necesita un consenso que desgraciadamente no existe. Esto se dice con frecuencia y naturalidad. Y sin embargo, la realidad es bien distinta: la Constitución de 1978 no se hizo porque hubiera un consenso, que en realidad no existía (el PSOE firmó la Carta Magna sin abdicar de su condición de republicano; pero acató la posición de la mayoría constituyente), sino porque existía voluntad de construir, de consensuar, ante la evidencia de que si no se pactaban las reglas de juego, no podríamos enterrar del todo el fantasma de la guerra civil. No hace falta, en fin, el consenso sino solo la voluntad de consenso para renovar estas reglas. Y, no nos engañemos, esta voluntad es la que falta desde hace tiempo en este país.

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