El año que acaba

España tiene un problema de difícil solución y que se ha ido gestando con el paso del tiempo y sin ponerle coto cuando se debía. No es otro que el de la falta de institucionalidad, que el excesivo protagonismo de los partidos que, siendo esenciales en democracia, no pueden elevarse por encima de las instituciones del Estado, pues los fines de ambos no son coincidentes y en muchas ocasiones son opuestos.

Un gobierno, aunque sea de coalición, no puede dejar de ser gobierno y aparecer dividido, incluso enfrentado, cuando es su presidente quien lo conforma y todos responden solidariamente de sus actos. Un Parlamento debe legislar, no aparecer como un ente meramente partidista en el que la confrontación de esta naturaleza se superpone a la tarea esencial. Menos aún convertirse en una suerte de tribunal que enjuicie lo que compete al Poder Judicial hacer y menos aún juzgar al mismo Poder Judicial. Una oposición ha de ser, a su vez, leal con los resultados, directos o indirectos y sin dejar de lado su papel, ofrecerse anteponiendo los intereses generales a la tarea, también constitucional, de controlar al gobierno. Las decisiones que adopta el gobierno pueden ser criticadas, pero nunca deslegitimadas y utilizadas como argumento para cerrar la puerta a la gobernabilidad. Vale que en tiempos de elecciones la pugna sea un elemento crucial y natural del sistema, pero una vez concluidas lo que prima es el bien general y a quien compete actuar es a aquel que ha alcanzado el gobierno en el tiempo legalmente establecido.

El año que termina ha sido duro. Todos nos hemos pronunciado con mayor o menor fortuna. Todos hemos expuesto nuestras posiciones. Pero ahí están la amnistía que avanza, la tendenciosa labor de los socios de gobierno atacando al Poder Judicial en una lucha que, no entienden, carece de futuro alguno y está condenada al fracaso más absoluto y un panorama desolador en el que los partidos mayoritarios, acechados por sus bandas, no son capaces de poner orden donde hay desorden, ley donde hay política de difícil compatibilidad con el ordenamiento jurídico, confrontación donde debería haber acuerdo o desacuerdo, pero gestionado ante quien debe decidir lo que es legal o no lo es. No son los partidos a los que compete juzgar, ni el Congreso quien debe constituirse en una suerte de tribunal de apariencia popular. Son los tribunales y los jueces y magistrados en el marco de la división de poderes.

La realidad es la que es y fruto de un mayoría parlamentaria que, desgraciadamente, por causa de ese papel de los partidos sobre la institucionalidad y la voluntad popular sustituida por la de los aparatos de las diferentes formaciones cuyos intereses son inmediatos y apegados a alcanzar el poder, pactan lo contrario a lo que han prometido, despreciando al votante que ha optado por algo diferente. Algo habría que hacer al respecto para evitar que la democracia no se reduzca solo a votar siglas, ni siquiera programas en sus elementos más esenciales. Pero la realidad ha de enfrentarse con la normalidad propia de la legitimidad de todos los partidos que concurren, desde la legalidad, a las elecciones y son votados. No se puede deslegitimar a unos y hacer lo contrario con otros cuyos signos distintivos no son ejemplares. Eso es populismo y demagogia peligrosa y germen de enfrentamientos irracionales.

La amnistía podrá ser o no constitucional. Lo decidirán los tribunales en su sentido absoluto y en el relativo o particular cuando haya de aplicarse caso a caso. Otra cosa es que sea útil o no para servir como solución a un problema secular que no puede resolverse en dos meses amparado en intereses inmediatos. Pero el tiempo dirá si ha servido o, por el contrario, se convierte en un acicate para amplificar el problema. No es seguro que suceda una u otra cosa, máxime cuando el independentismo está enfrentado entre sí e ideológicamente no es compatible. Investigar a los jueces es no sólo un absurdo inútil que los mismos jueces permitirán, prohibirán como ordena la ley o puede que incluso generar responsabilidades en sus promotores, sino que es un arma que se puede volver contra quien ataque al sistema de forma tan burda como escasamente ingeniosa y respetuosa.

Que las negociaciones entre el gobierno y Junts y ERC necesiten de un mediador y que ahora el gobierno y el PP precisen de la UE, igualmente como mediadora, para concluir acuerdos sobre instituciones del Estado o sobre reformas que afectan a la Constitución, es algo que explica por sí solo que nos hallamos inmersos en una situación de conflicto permanente que impide el normal desarrollo de la vida de un país maduro, sereno y riguroso. Que nadie se fíe de nadie y que tengan que venir de fuera para que nos entendamos es muy grave, pues excede de lo político para penetrar en sentimientos que afectan a la convivencia en sus rasgos más elementales.

Llegados a este punto los responsables deben actuar con la prudencia y la responsabilidad debidas y avanzar hacia el entendimiento, obviando los extremos, nunca representativos de la mayoría y normalmente alejados de la realidad y de lo posible. Eso, lo posible y deseable debería, dentro de las diferencias, marcar el año que entra.

El camino emprendido no conduce a ninguna parte, para nadie. Y la ciudadanía cada vez se siente más alejada de una política que no solo no entiende ni comparte, sino que rechaza porque no se asemeja a la forma en que convivimos en el día a día y porque antepone sus preferencias a las necesidades cotidianas.

Feliz Navidad a todos los que se dignan leer estas líneas cada semana.

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