Opinión
Respétense y respétennos
El tono habitualmente bronco de la política española, especialmente la nacional, se ha exacerbado en las últimas semanas, después de las elecciones gallegas, con la tramitación de la ley de amnistía y con las convocatorias de elecciones en el País Vasco, Cataluña y el Parlamento Europeo. En las intervenciones públicas, pero también en la tribuna del Congreso de los Diputados, se han cruzado líneas rojas llegando incluso a inmiscuirse en el entorno más personal del presidente del Gobierno, del líder de la oposición, de algunos diputados y de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es la primera vez en la historia de nuestra democracia que vivimos episodios de este tipo. Recordemos lo que se llamó el acoso y derribo a Adolfo Suárez que acabó con su dimisión en 1981, seguido del golpe de Estado de Tejero. O la agria legislatura de 1993 con los GAL y los muertos en cal viva. Por no hablar de los meses previos a las elecciones del 2004 con el No a la guerra o los atentados de Atocha. Una serie que acaba con la moción de censura contra Mariano Rajoy. En cada uno de estos momentos se han dicho muchas barbaridades de una y otra parte, algunas con fundamento y otras muchas sin él. Quizás lo más inquietante de este episodio actual es que se están centrando los ataques en los entornos familiares directos de los líderes políticos y se están practicando políticas del ventilador por los medios más zafios que se puedan imaginar, utilizando en algunos casos las instituciones y los poderes del Estado para alimentar un barrizal que no hace otra cosa que desprestigiar a la política y a los políticos, no solo a un partido u a otro.
La lucha contra la corrupción tiene que ser transversal y los partidos tienen que comprometerse colaborando con la justicia y asumiendo responsabilidades políticas, no solo vociferando contra los adversarios. En demasiadas ocasiones quien más grita o quien más presume es quien menos hace para erradicar a los corruptos y las prácticas de malversación ligadas ya sea a la financiación de los partidos o al enriquecimiento de los intermediarios que los financian. Una vez los temas en manos de la justicia, lo que no es admisible es que se pongan en marcha una serie de ventiladores que filtran datos parciales de investigaciones policiales o judiciales de manera interesada solo con el objetivo de sembrar la duda y sin ninguna voluntad de aclarar los hechos.
Estas prácticas se hacen aún más perversas cuando lo que se publica, contra unos o contra otros, ni siquiera tiene base judicial o policial, sino que se trata de simples chascarrillos sin posibilidad de contraste y que se vinculan a outlets informativos cuyo negocio no está en las noticias que publican sino en las comisiones que cobran. Cierto es que estos outlets se alimentan de auténticos yonquis en el consumo de este tipo de contenidos.
Con estas prácticas igual algunos tahúres demoscópicos convencen a sus clientes de que mejoran algunas décimas en los sondeos, pero la realidad es que constituyen una falta de respeto, a los adversarios políticos, pero muy especialmente a los ciudadanos, a todos nosotros que nos merecemos una política que solucione problemas de todos y no solo los cree a unos pocos.
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