La vivienda, nuevo motivo de enfrentamiento

Hace una semana, el Partido Popular anunció desde Madrid su intención de no aplicar en las comunidades autónomas en las que gobierna la ley de vivienda. Una norma que, entre otras medidas, permite la declaración de zonas residenciales tensionadas y, por lo tanto, la aplicación de topes a los precios de alquiler.

Esta afirmación fue matizada de modo prácticamente inmediato por los responsables autonómicos de la formación conservadora que introdujeron el matiz de que no aplicarían la norma de oficio, al tiempo que la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez, anunciaba una reunión con los concellos que habían manifestado su intención de ser declarados zonas tensionadas.

La cuestión es que, frente a la realidad que se vive en los municipios gallegos, para la Xunta, solamente la ciudad de Pontevedra cumple los requisitos para poder ser declarada zona tensionada. En el resto de las urbes, como A Coruña, el Gobierno autonómico limita las zonas con precios demasiado elevados, circunscribiéndolas, habitualmente, a los barrios más céntricos.

Esta decisión de la Xunta encendió los ánimos del Concello herculino, que considera que el Gobierno autonómico lo único que hace es “torpedear” la declaración de A Coruña como zona tensionada para alquilar. En este marco, la alcaldesa, Inés Rey, llegó a solicitar a la Xunta que haga públicos los datos en los que se basa para determinar que la ciudad no entra en los baremos contemplados para la limitación del arrendamiento, al tiempo que afeaba a la Xunta la falta de política de vivienda.

Por su parte, la conselleira Vázquez pidió al Concello que ceda terreno público para que la acción de cooperativas pueda facilitar la promoción de viviendas, como sucedió en el barrio recién nacido de Xuxán, y recordó que la ley de vivienda también contempla que los ayuntamientos que soliciten la declaración de zona tensionada se encontrarán con una planificación de vivienda en la que se obliga a que durante 20 años el 20% de las promociones tengan que ser públicas.

Frente a este panorama de enfrentamiento, la realidad es que los planes de vivienda pública que tienen actualmente Concello y Xunta solo cubren un 6,5% de la demanda. El número de personas que quiere acceder a una vivienda protegida, ya sea compra o alquiler, es de 2.786 si se suman los pisos de promoción privada. Es una cifra superior a la que se registraba a principio de año, cuando había 2.434 demandantes, que ya era un tercio más que en 2023.

La mayoría, un 81,6%, quiere optar a vivienda de protección oficial de promoción pública, es decir, la construida por las administraciones. Pero no son tantos los planes de construcción que tienen el Concello y la Xunta a corto plazo, por lo que esta lista de espera lejos de reducirse, seguirá incrementándose.

El acceso a la vivienda se ha terminado por convertir en un grave problema en este país, por mucho que la Constitución, en su artículo 47, lo recoja como un derecho. Casi todos los expertos coinciden a la hora de señalar que fijar un tope al alquiler no servirá para solucionar el problema de manera definitiva, pero es una herramienta más para conseguirlo. Y las administraciones lo que tienen que hacer es abandonar la bronca en la que parecen haberse instalado de modo permanente y buscar el modo de que ese derecho constitucional se pueda llegar a cumplir y la vivienda deje de ser de una vez una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.