El Estado contra la banca

El Gobierno vuelve a avivar el populismo con los sueldos de los banqueros. El FROB, organismo dependiente del Ministerio de Economía y titular de la participación del Estado en CaixaBank, votó en contra de la política de remuneraciones de los consejeros de la entidad en la junta de accionistas, celebrada el viernes pasado en València.

La propuesta consistía en actualizar el sueldo fijo y variable del presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y del consejero delegado, Gonzalo Gortázar, para 2024. La parte fija crecía un 3% para el presidente (hasta 1,78 millones de euros) y un 5% (hasta 2,5 millones) para el consejero delegado, mientras que la variable lo hacía un 3% (hasta 346.100 euros) y un 24,9% (hasta 1,19 millones), respectivamente. El año pasado Goirigolzarri cobró un total de 2,25 millones y Gortázar, 4,14 millones.

El FROB, propietario del 16% de CaixaBank, ya se opuso a los sueldos en 2021, que aun así fueron aprobados, igual que ha sucedido ahora. El organismo defiende su negativa porque el aumento planteado es muy superior al de la media de la plantilla y porque así actúa en coherencia con el Gobierno, contrario a las altas retribuciones de las grandes empresas. El FROB no cuestiona, en cambio, la gestión de los dos ejecutivos, que llevaron al banco a ganar 4.816 millones en 2023, un 54% más.

El voto del Estado no es más que un gesto cosmético para la galería, insuficiente para tumbar una propuesta que acertadamente ha respaldado la mayoría de los accionistas. CaixaBank necesita mantener una retribución adecuada y similar a la de los principales competidores con los que tiene un tamaño o negocio comparable. Solo así podrá atraer y fidelizar el talento que el banco precisa para continuar con la generación de valor a largo plazo y para garantizar la rentabilidad sostenida en el tiempo. De no ser así, difícilmente el Estado podrá avanzar en su objetivo de maximización de la recuperación de las ayudas públicas que dio al sector.