La Consellería de Traballo e Benestar exige a más de 70 ayuntamientos integrados en el Consorcio Galego do Benestar que abonen más dinero para el mantenimiento de los centros sociales ubicados en su territorio. El departamento de Beatriz Mato ha enviado una carta a cada uno de ellos desde el comienzo de este mes informándoles de que deben aumentar su aportación para cumplir el convenio de colaboración suscrito durante el bipartito con el citado organismo, en el que se establece que deben cofinanciar un tercio del coste.

El asunto brotó ayer en el pleno del Parlamento cuando el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, denunció la exigencia de "cantidades abusivas" a los ayuntamientos en un momento en que las arcas locales se encuentran en una delicada situación, estrategia que vinculó "con abrir la puerta a la privatización" de los centros (centros de día, residencias o escuelas infantiles). Feijóo, por su parte, replicó recordando que se trata de la aplicación de la normativa suscrita por el bipartito.

El convenio firmado entre el Consorcio y los 275 ayuntamientos integrados (aunque solo en 83 existen de momento algún centro social) establece que Benestar se haga cargo del coste de funcionamiento y del personal, mientras que los segundos aporten el inmueble y los gastos de mantenimiento del mismo (jardinería, limpieza, agua, vigilancia...). Esta cantidad, sin embargo, "deberá acercarse al tercio de los gastos totales de la gestión integral del centro", según el documento.

Durante el año pasado, el Consorcio comenzó a realizar las liquidaciones de 2008, año en que comenzó a funcionar, y 2009 para comprobar si los ayuntamientos alcanzaban ese 30% del coste. Analizando las certificaciones enviadas por cada concello, han comprobado que seis de ellos aportaban más dinero del que les correspondía y ahora el Consorcio deberá devolverles esos fondos. Cinco casos todavía están siendo analizados y en el resto el salario de jardineros, seguridad, limpieza, etc. no cubre el 30% que corresponde al ayuntamiento. Benestar exige la diferencia, si bien todavía carece de un cálculo de a cuánto ascienden las liquidaciones negativas y positivas en total.

El BNG hizo público ayer el caso de Vilar de Santos, que recibió un requerimiento de pago el pasado día 13 en el que el gerente del Consorcio, Roberto Rodríguez, le pedía el ingreso de 51.165,51 euros en una cuenta de la Xunta, dando un plazo de 15 días para alegaciones. Benestar cifra en 181.516 euros su gasto en el centro de día en 2009, mientras el concello certifica un desembolso de 14.000. En total: 195.516, por lo que el tercio que debe cubrir el concello es de 65.165. "Este requerimiento es ilegal y debe realizarse dentro de la comisión con los alcaldes.", censuró Carlos Aymerich, que criticó que se exija el pago "en metálico" porque así "no compensa".

El debate permitió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defender su política social y proclamar que "hay más servicios públicos en plena crisis que en bonanza económica".